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La asociación Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), junto con habitantes de Quintana Roo, presentaron una decena de amparos en contra del llamado “paquete de impunidad”, ante Juzgados de Distrito, radicados en Cancún.
El presidente de la agrupación, Juan Ignacio Athie Lambarri, calificó como “inédita” la medida ciudadana, al ser la primera acción legal, para defenderse de lo que consideran una arbitrariedad, plagada de opacidades y poco apego a la ley.
En los juicios de amparo se solicita la protección de la justicia en contra de la aprobación al decreto de las Reformas hechas a la Constitución del estado, las modificaciones al Código Penal, a Ley de Seguridad Pública; el proceso de aprobación de esas reformas, por parte de los ayuntamientos; así como la asignación presupuestal a dependencias de gobierno, lo que en conjunto, va en contra de las buenas prácticas del Gobierno Abierto y de la democracia.
El abogado, José Roldán Xopa, explicó que como parte de las modificaciones a la Constitución y al Código Penal, están la disminución de sanciones a delitos relacionados con actos de corrupción y tráfico de influencias, como el peculado, que sólo se perseguirá por querella y se castigará no con 11 años de prisión, sino cinco. “Vuelven al Código Penal un chiste”, comentó.
Otro acto impugnado es la autorización para que el gobernador, Roberto Borge y su familia, gocen de la protección de escoltas durante 15 años.
“Se presentaron 10 amparos, tanto de personas físicas, como de la asociación, y ante diversos Juzgados. Son amparos por reformas a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública y del Código Penal.
“En el caso de la Constitución, se establecieron porcentajes presupuestales al Congreso, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que complicarán la operación del gobierno entrante, por ejemplo”, explicó.
Otra de las demandas de amparo, presentada por CITRA, fue en contra de la forma en que se emitió la convocatoria para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, al no garantizar transparencia, oportunidad ni participación ciudadana.
La convocatoria y las designaciones, dijo Athie Lambarrie, fueron “de último minuto” y “en total opacidad”.
“Con estas acciones se busca generar un precedente sobre la forma en la que debe conducirse el Poder Legislativo, ejerciendo como un verdadero contrapeso del Ejecutivo, así como asegurar la máxima publicidad de los procesos legislativos”, explicó.
Este precedente –precisó- no sólo es legal, sino también político y ciudadano, como parte de la exigencia de la ciudadanía de contar con un gobierno abierto.
“En los últimos años en Quintana Roo los índices de corrupción, impunidad y deuda pública aumentaron. La sociedad demostró su hartazgo el pasado cinco de junio y, con un mayor número de votantes al de las elecciones pasadas, la sociedad votó para que la deuda pública fuera esclarecida, para que se acabe la impunidad y la corrupción”, remarcó.
cfe
