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Loma de Bácum
“Unas burladas, otras corrompidas, así actuaron siete de nuestras ocho autoridades yaquis al firmar un contrato con el gobierno y la empresa IEnova para introducir el gasoducto”, dijo Teódulo González López, comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos de la Etnia.
Actualmente la obra está paralizada porque el gobernador de Loma de Bácum no sólo no firmó la concesión del territorio, sino que entabló un proceso judicial en contra.
Esta semana, EL UNIVERSAL hizo un recorrido por la reserva yaqui, donde se detectaron kilómetros de tierra deforestada en un ancho de más de diez metros para la introducción de infraestructura.
González López dijo que en el “despojo”, existió la complicidad de las siete autoridades yaquis que autorizaron el paso por la reserva indígena del Gasoducto Sonora, segmento Guaymas- El Oro, en una longitud de más de 90 kilómetros a razón de pago a peso por metro cuadrado por año, en un término de 30 años.
Las irregularidades y omisiones fueron incurridas en contubernio por el gobierno federal y la empresa, quienes “se llevaron a negociar a las autoridades tradicionales y duales a lo oscurito”, en reuniones que sostuvieron en Ciudad Obregón y en Hermosillo, donde aceptaron el trato a espaldas de los 33 mil yaquis de los ocho pueblos, aseveró.
Recordó la cansada y larga trayectoria de la lucha judicial de la tribu para impedir la construcción y la operación del Acueducto Independencia, el cual aún se encuentra en litigio y trasvasando agua del Río Yaqui hacia Hermosillo.
Y con tristeza señaló que la lucha férrea por la defensa del agua no termina cuando ya se configura un nuevo despojo, ahora de la tierra, esto sólo fomenta más la división interna, pues de los ocho pueblos yaquis, hay 17 gobernadores, unos tradicionales y otros duales [no reconocidos por parte del pueblo], dijo. Los ocho pueblos yaquis donde habitan 35 mil personas, pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, al municipio de Guaymas Sonora; Loma de Bácum, al municipio de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit) al municipio de Cajeme.
Obra paralizada en Bácum. En un aviso oficial de la tribu, resultado de la consulta realizada el 28 de mayo del 2015, se advirtió: “La presente es para ratificar que la Nación Yaqui de Loma de Bácum, pueblo indígena con poderes soberanos de autogobierno, reconocidos y protegidos a nivel nacional e internacional, no concedió permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con propósito de llevar a cabo actividades con relación al proyecto de Gasoducto Guaymas-El Oro”.
Lo anterior fue resultado de una consulta con la Tropa Yoemia, representantes eclesiásticos, autoridades y comunidad en general, donde se rechazó por unanimidad el megaproyecto del Gasoducto.
El documento está firmado por el gobernador de la tribu yaqui de esa comunidad, José Bacaumea Espinoza, donde se le ordena a la empresa que cese y desista de toda actividad en el territorio, de lo contrario, advirtió medidas drásticas de acuerdo a los usos y costumbres de la etnia.
Posteriormente, se interpuso un amparo encabezado por Bacaumea y los representantes de Pueblo Mayor, capitán, comandante y secretario, donde se exige respeto a la autodeterminación en lo relativo a la decisión de no otorgar el consentimiento para el paso del gasoducto.
Aclaró en la demanda de amparo se trata de un terreno comunal reconocido por el Estado mexicano en 1940 y aun cuando siete autoridades tradicionales hayan dado su consentimiento, las decisiones se toman por unanimidad de los ocho pueblos, no por mayoría, ni 50% más uno, como se rige en algunas figuras legales del derecho mexicano escrito.
El gobernador de Loma de Bácum, comunidad perteneciente el municipio de Bácum, refirió en la demanda está defendiendo legalmente las 485 mil hectáreas que constituyen en territorio ancestral sobre la obra.
Exigió, además, la reparación de los daños materiales a casas, parcelas, cerro del Boca Abierta, arroyos, zanjas, deforestación, corte de plantas medicinales, de pastoreo, agostadero, daño ambiental, afectación social, cultural, religiosa y cosmogónica generados con más de 40% por ciento de avance de la obra.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, informó que se ha hecho la consulta previa libre e informada donde siete tribus ya dieron su consentimiento, sólo falta que la empresa que está haciendo el gasoducto negocie con el pueblo de Bácum.
“Hay que ver el lado positivo de los gasoductos, van a permitir que los sonorenses tengan energía más limpia, que las plantas de combustóleo que hay se reconviertan, como está sucediendo, que emitan 70% menos de gas en efecto invernadero.
“Permitirán tarifas cuatro veces más baratas, que traerán un desarrollo industrial impresionante; los estados que van a progresar son los que tengan disponibilidad de gas natural”, subrayó el funcionario.
Sin embargo, González López, quien asegura que representa a 10 mil yaquis inconformes, reitera que “no se dio cumplimiento fiel a los procedimientos establecidos en el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
Los yaquis. El territorio yaqui, ubicado en el sur de Sonora, guarda historias milenarias de hombres y mujeres que a través del tiempo han defendido con sangre sus derechos sobre 485 mil hectáreas otorgadas por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas.
El 90% vive en pobreza y 60% padece de pobreza extrema. Convertidos en peones de sus propias tierras que rentan por falta de recursos para hacerlas producir.
Son alrededor de 35 mil yaquis o yoremes ,como se hacen llamar, asentados en las comunidades de Vícam (la natividad del Señor), Pótam (Santísima Trinidad), Tórim (San Ignacio de Loyola), Rahum (La Ascensión del Señor), Bácum (Santa Rosa de Lima), Huirivis (Santa Bárbara), Cócorit (Espíritu Santo) y Belem (San Miguel Arcángel), que viven en su mayoría con analfabetismo y marginación.
Son dueños de 50% de las aguas de la Presa Álvaro Obregón que se sirve del Río Yaqui, y carecen de agua potable, sólo una parte de Vícam, cabecera de los ocho pueblos, tiene agua entubada, pero no potable; tampoco pavimentación y drenaje hay en Pótam, pero está colapsado, expresó Teódulo González López.
Para ellos, los servicios básicos de salud son insuficientes.
