El fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, informó que la dependencia revisa las carpetas de investigación de los 117 cuerpos exhumados en junio pasado del panteón de Tetelcingo, con lo que se podrán iniciar procesos administrativos y penales en contra de servidores públicos que incurrieron en errores en inhumación original en ese lugar.
El caso fue expuesto por el Fiscal luego de que integrantes del Frente Amplio Morelense, encabezados por el poeta Javier Sicilia se reunieron con personal de la Secretaría de Gobernación para acusar al gobierno estatal de violentar los derechos humanos de los familiares de las víctimas, por las supuestas violaciones a los protocolos de inhumación.
Pérez Durón admitió que algunos de los cadáveres están relacionados con muertes violentas aunque subrayó que no son la mayoría, “pues se sabe que una gran cantidad murió por accidentes o en hospitales, los cuales nunca fueron reclamados por algún familiar”, afirmó.
También reconoció que las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado actuaron indebidamente al haber inhumado en Tetelcingo, municipio de Cuautla, el cuerpo del joven Óliver Wenceslao, cuya madre exigió en su momento la devolución del cuerpo. Sin embargo, dijo, se trató de un caso único: "No tenemos identificado otro similar. De este caso ya tenemos carpetas de investigación, tanto penales, desde luego, como administrativas, para las responsabilidades que esto conlleve", aseguró.
La búsqueda del cuerpo de Óliver Wenceslao, cuya investigación realizó su madre, concluyó en el descubrimiento de una fosa en un panteón particular con 117 restos humanos, depositados por las autoridades de la extinta PGJ del estado.
El fiscal aseguró que no existe elementos para presumir casos de tortura que pudieran adjudicarse a la autoridad.
Hasta ahora, explicó, se avanza en el análisis y labores para obtener el perfil genético de los 117 cadáveres recuperados de Tetelcingo: "Tenemos que esperar los dictámenes de todas las instituciones para cotejar el ADN y ver si existe alguna coincidencia con algún familiar que se le tomó la muestra o que está en este proceso”, precisó.
El titular de la FGE insistió en que no cabe hablar de un manejo clandestino, pues se trata de una fosa común en un panteón de una comunidad, que tiene un propietario.
Destacó la colaboración que se dio entre distintas instituciones gubernamentales y grupos de la sociedad civil, en una diligencia que podría haber llevado por sí sola la Fiscalía General del Estado, pero que se abrió al trabajo coordinado y a la transparencia, instruida por el gobernador Graco Ramírez.
afcl