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El ayuntamiento de Othón P. Blanco, municipio sede del poder político de Quintana Roo, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del llamado “paquete de impunidad” aprobado por el Congreso del estado e impulsado por el gobernador Roberto Borge.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el síndico Arturo Fernández Martínez dio a conocer que el recurso es congruente con la determinación del Cabildo de rechazar la aprobación que les fue turnada en junio pasado, por la 14 Legislatura, sobre modificaciones a la Constitución estatal, la Ley de Seguridad Pública, el Código Penal, la Ley Orgánica del congreso, entre otros.
“Quiero aclarar que la acción que tomamos está fuera de todo tinte político; no se trata de colores, ni de partidos, sino de expresar la voluntad ciudadana, que el cinco de junio se pronunció por un cambio.
“Esta controversia constitucional va en función de la determinación tomada por el honorable Cabildo, que determinó no aprobar el paquete de reformas aprobadas por el Congreso, al considerarlas lesivas y contrarias a la voluntad ciudadana, que se pronunció en contra. Además, esas modificaciones traen errores garrafales”, expresó.
La Controversia Constitucional fue promovida el dos de agosto pasado y recibió el número 76/2016.
El síndico, en su carácter de representante legal del gobierno municipal encabezado por Eduardo Espinosa Abuxabqui –militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- anexó las copias del Periódico Oficial del estado, en donde se publicaron el 21 de junio, el decreto 410 por el cual se determinó el cambio de sede del recinto oficial del Poder Legislativo, a hoteles de Cancún.
También una copia de dicho Periódico Oficial, con los decretos 411 y 419, del 25 de junio, sobre la reformas a la Constitución de la entidad, el nombramiento de un Fiscal General, de un Auditor Superior y magistrados.
“De todos estos temas, no hubo una discusión, solo se votaron. No se notificó qué municipios habían votado en contra de la Reforma constitucional y sabemos que no todos los diputados tuvieron acceso a la información para hacer un análisis debido y correcto de lo presentado para aprobarlo.
“Por todo eso votamos en contra, como ayuntamiento, cuando nos fue enviado el paquete de reformas, por el Congreso. A partir de eso, metí la controversia constitucional ante la Suprema Corte para que determinen a quienes asiste la razón, basados en la ley”, dijo.
La creación del Tribunal de Justicia Administrativa y los nombramientos de sus magistrados, no forman parte de la Controversia, toda vez que fueron impugnados por la presidencia de la República, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante una acción de inconstitucionalidad, que obligó al Congreso del estado a revocar el surgimiento de dicha figura.
afcl
