El Congreso del Estado recibió para su trámite el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la restitución de Rosa Pérez Pérez como presidenta del ayuntamiento del municipio de Chenalhó.
En un comunicado, el Poder Legislativo informó que en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente la LXVI Legislatura local, presidida por la diputada Judith Torres Vera, se determinó dar trámite al resolutivo del TEPJF mediante el cual se reconocen los derechos políticos de Pérez Pérez como alcaldesa de ese municipio indígena de los Altos de Chiapas.
La mujer de origen tzotzil fue obligada a renunciar en mayo pasado en medio de violentas protestas de sus opositores que concluyeron con la retención del presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar; del coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Penagos, y un empleado de esa institución.
Las pugnas por el poder político en Chenalhó dejaron dos personas muertas y varias familias desplazadas de sus comunidades.
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) pidió al gobierno que, debido la situación actual de alto riesgo para Rosa Pérez, garantice su integridad y seguridad como también la de su familia y colaboradores.
Propuso que además del apoyo “total del gobierno del estado y del poder legislativo”, y una vez reinstalada, Rosa Pérez disponga de los recursos municipales retenidos para aplicarlos de inmediato a obras públicas y el pago de adeudos a las artesanas.
También solicitaron que se nombre un Subsecretario de Gobierno que trabaje a favor de la reconciliación y de la paz municipal, y se designe un comisionado que impulse los diálogos y acuerdos entre los grupos.
Y, asimismo, se integre una mesa de coordinación institucional de apoyo a Chenalhó, se instale en el municipio una mesa por la reconciliación, en la que participen los protagonistas del conflicto y que el Poder Ejecutivo propicie encuentros con el cabildo y los grupos en pugna.
Repare denunció que al igual que la alcaldesa de Chenalhó, varias docenas de síndicas y regidoras son también violentadas, las cuales ocupan puestos de elección, al menos en papel, porque no se les permite realizar sus funciones.
La organización sostuvo que entre los municipios en donde se ubican esos casos se encuentran Oxchuc, donde a las regidoras plurinominales Alicia Santiz Gómez, Mercedes Gómez Sánchez y Sara Santíz López no se les ha permitido asumir el cargo.
En Tecpatán, las regidoras María Bertha Castellanos, María Rosario Pérez Flores, Rosbita Mireya Mancilla Juárez y Patricia Santos, aseguran que no se les convoca a las sesiones del cabildo. Incluso les han retenido sus sueldos, se les obliga a firmar documentos, como la cuenta pública, sin permitirles conocer el contenido de lo que suscriben.
Esos agravios se registran también en Amatenango del Valle, donde el esposo de la síndica Margarita González López, “usurpó el cargo” y aunque es ella quien firma los documentos y quien acude a las reuniones en Tuxtla Gutiérrez, es su cónyuge Domingo Díaz Cruz, quien ejerce las funciones de la sindicatura y cobra la mitad del sueldo.
afcl