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La iniciativa privada en Chiapas pidió que el gobierno emita una declaratoria de desastre económico para el estado, debido a las pérdidas y repercusiones que causan las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a 80 días de paro laboral, movilizaciones y protestas en contra de la reforma educativa.
Los empresarios anunciaron que derivado de la gravedad de la situación económico-financiera que enfrenta el sector, en los próximos días realizarán un paro técnico ante la falta de recursos para el pago de salarios íntegros, prestaciones sociales, y además podrían realizar un cierre de empresas y comercios.
Al Ejecutivo del estado solicitamos, “pida la declaratoria de desastre económico para el estado y su consecuente anuncio para la radicación de recursos federales para la reactivación financiera y en consecuencia la económica”, expuso David Zamora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas.
Acompañado de representantes de cámaras empresariales, asociaciones productivas, colegios y otros organismos productivos, Zamora leyó un pronunciamiento dirigido al presidente, Enrique Peña, al gobernador Manuel Velasco y a legisladores del Congreso de la Unión.
El representante del organismo empresarial dijo que hace un mes lanzaron un llamado semejante para reactivar la economía local, que derivó en la instalación de mesas gubernamentales para la búsqueda de solución a sus problemas, las cuales no han sido suficiente.
Expresó que la actual situación proviene de los bloqueos en diferentes zonas de la entidad por parte de distintos grupos sociales y del magisterio.
Por ello, argumentó, “el llamado enérgico al Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a los secretarios de Gobernación y Educación para que de manera urgente asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas y con resultados positivos y se restablezca el Estado de Derecho”.
Los empresarios chiapanecos acusaron que los conflictos en el estado derivan de la falta de atención oportuna del gobierno. Asimismo, responsabilizó a la CNTE de afectar a la niñez- que perdió dos meses de clases- y a la sociedad en su conjunto.
En el pronunciamiento se pide al presidente Peña Nieto “que se actúe anteponiendo el bien común de los ciudadanos y en especial de los chiapanecos”.
El Estado, precisó “que garantiza las condiciones necesarias para el libre tránsito de personas y mercancías, la seguridad de las inversiones y propiedades privadas, transparenta la inversión de los recursos públicos, brinda igualdad de oportunidades a ciudadanos y empresarios, es un Estado que debe dar certeza a la generación de riqueza y con esto dar prosperidad al pueblo en general, ese es el estado que estamos trabajando”.
El sector empresarial pidió además que se les apoye con beneficios fiscales a contribuyentes locales, entre éstos exención de pagos provisionales del impuesto sobre la renta.
Así como diferir la presentación de declaraciones del régimen de incorporación fiscal, aplazar pagos de IVA, entre otros impuestos, a fin de realizarlo en parcialidades y diferir los pagos de INFONAVIT e IMSS.
El magisterio disidente se declaró en paro de labores el 15 de mayo e inició un “plantón” en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en protesta contra la reforma educativa.
Desde esa fecha realiza movilizaciones, marchas, bloqueos carreteros, de edificios públicos, plazas comerciales y ocupa medios de comunicación para difundir las razones y fines de su lucha
