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Oaxaca.— Este viernes se cumplen dos meses de los hechos violentos en Asunción Nochixtlán, pero, autoridades del gobierno y maestros de la Sección 22 todavía no se ponen de acuerdo con las cifras en cuanto a muertos y heridos; la PGR atrajo el caso y no ha concluido los dictámenes periciales. Ni siquiera ha podido ingresar a Nochixtlán, argumenta.
Nadie sabe quién disparó primero y quién mató a pobladores; la Sección 22 asegura que son 11 fallecidos y cerca de 300 lesionados; las cifras oficiales reportan ocho muertos y más de un centenar de heridos, la mitad de ellos policías. El gobierno de Oaxaca guarda silencio y relegó el caso a la Federación. Nadie sabe si hay o hubo grupos “infiltrados”.
Los deudos acusan que la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) se niega a reembolsar gastos por 4.5 millones de pesos; el magisterio señala la reiterada negativa de la PGR de crear una Fiscalía Especial para el Caso Nochixtlán.
Los empresarios y comerciantes afectados en las actividades productivas manifiestan pérdidas por hasta 7 mil 500 millones de pesos y la Secretaría de Turismo estatal asegura que son 5 mil millones, debido a más de tres meses de plantón en el centro de la ciudad y bloqueos carreteros.
Las protestas en Oaxaca iniciaron el pasado 15 de mayo, pero Nochixtlán fue el argumento para la liberación de todos los dirigentes de la CNTE encarcelados, así como la instalación de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), pese a lo cual el magisterio anuncia que no habrá clases el próximo lunes.
En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha sido acusada de indagar de manera parcial el caso e inclinarse hacia una parte de los afectados, el magisterio y habitantes de Nochixtlán, y dejar de lado al resto de quienes han resentido las manifestaciones.
Vía telefónica se buscó al titular del órgano, Arturo Peimbert Calvo, sin embargo no respondió; la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, también se negó a dar la postura oficial sobre el caso.
El 8 de julio, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH) y otros organismos civiles elaboraron un informe, en que reconocieron ocho víctimas por los enfrentamientos.
“Hasta este momento ha habido atención en escuchar las demandas, pero se ha quedado sólo en discursos; pero no hay acceso a la justici. Es preocupante que los heridos hayan tenido que viajar y hacer movilizaciones para recibir atención”, comentó la responsable de Código DH, Alba Cruz.
Policías dan su testimonio. Mi arma “la accioné, si, la tuve que accionar” en Nochixtlán, reconoció José, policía Federal, ante legisladores en encuentro realizado ayer y que por momentos se volvió careo.
Ante diputados y senadores de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos del 19 de junio en Nochixtlán, tres elementos policiacos federales retenidos durante dos días y que emplearon los seudónimos Juan, José y Luisa, dieron su testimonio de lo ocurrido durante el desalojo que dejó 8 muertos y cientos de heridos.
Los tres fueron golpeados, macheteados por presuntos pobladores, y los dos últimos rociados con gasolina y amagados con ser quemados vivos.
Tras sus relatos, el ambiente se tensó, cuando el senador Fidel Demédicis (PRD), cuestionó a José, a quien se ordenó acudir al lugar cuando ya había violencia y recibió en la pierna el impacto de un petardo.
—¿Usted llevaba armas?
—Después de que se empezaron a recibir y a haber heridos por armas de fuego, si hubo la instrucción de que una pequeña parte del personal que acudiría llevara equipo táctico.
El cuestionamiento molestó a otros legisladores y la presidenta del grupo, Mariana Gómez del Campo, del PAN, llamó al orden pues la Comisión no es Ministerio Público, aclaró, “no se trata de intimidar a nadie ni de sentar a nadie en el banquillo”.
Los otros elementos policiacos rechazaron haber llevado armas.