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Pachuca.— La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, encabezada por Rodolfo Picaso Molina, inició tres denuncias penales en contra del mismo número de alcaldes, y analiza una más para el edil de Tulancingo, quienes en conjunto registran anomalías por 24 millones 669 mil pesos a la cuenta pública del 2014, además de iniciar 17 procesos resarcitorios.
El auditor refirió que los ediles de Singuilucan, Santiago de Anaya, Tlanalapa y Tulancingo no pudieron comprobar el gasto de su cuenta, por lo que al cumplirse las etapas en que podrían ingresar los documentos que avalaran la aplicación del recurso del erario, se inició la denuncia penal.
Las carpetas de investigación fueron levantadas en la Procuraduría de Justicia del estado en contra del alcalde José León López, del municipio de Singuilucan por no haber comprobado 10 millones 770 mil 880 pesos, dinero ejecutado en 2014.
El mismo procedimiento se inició en contra del edil Fidencio Gachuz Ramírez, del municipio de Santiago de Anaya, donde el monto alcanza 6 millones 859 mil 311 pesos. En el caso de este alcalde, ya es la segunda denuncia penal en su contra, ya que tampoco pudo comprobar los gastos de 2013.
Arturo Ramírez Damián, presidente municipal de Tlanalapa, no presentó documentación que avalara 5 millones 879 mil 084 pesos y se analiza el caso del edil de Tulancingo, Julio Soto Márquez, por un millón 160 mil 11 pesos.
La Auditoría también inició 17 procesos resarcitorios, en contra de los presidentes municipales de Alfajayucan, Mineral de la Reforma, Cardonal, Tecozautla, Tlanchinol, Tulancingo, Emiliano Zapata, Nicolás Flores, Calnali, Chilcuautla, Atitalaquia, Huehuetla, La Misión, Chapulhuacán, Actopan, Francisco I. Madero y Mixquiahuala, quienes deberán de regresar el monto observado o finiquitar las obras, para evitar la denuncia penal.
Al considerar que son frecuentes los casos de observación, el diputado Ruperto Ramírez pidió en tribuna para que se conmine a las autoridades municipales a que entreguen de manera puntual la documentación que avale el gasto del dinero público y se dé seguimiento a la fiscalización.
Destacó que los errores que se registran durante las auditorías a las erogaciones de los alcaldes son la falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos. Así también, se han hallado errores en la elaboración de conciliaciones bancarias, además de faltas en los controles internos.
De manera recurrente está el incumplimiento en planes y programas principalmente de obra pública, conceptos de obra facturados y pagados pero no ejecutados, por lo cual consideró necesario que los ediles tengan claro que la atención a las observaciones que realiza la Auditoría es obligada, para evitar responsabilidades penales como sucedió con estos cuatro alcaldes.
El llamado, indicó el legislador, es tanto para los presidentes municipales como para directores de organismos descentralizados municipales y servidores públicos encargados de la administración y gestión de recursos públicos.
Refirió que los servidores públicos deben obligadamente conducirse de manera que salvaguarden los recursos, en este caso del municipio, como lo señala la ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado.
El legislador, quien preside la Mesa Directiva de la diputación permanente, manifestó que además del proceso judicial que deben de seguir estos cuatro alcaldes al no poder comprobar montos por más de 24 millones de pesos, es importante destacar la parte resarcitoria, ya que los ediles deben regresar a las arcas municipales 29 millones 183 mil 33.57 pesos, de lo contrario también tendrán que hacer frente a una denuncia penal.