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El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, promovió hoy una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revocar el llamado “paquete de impunidad” aprobado por el Congreso del estado, para blindar al gobernador saliente, Roberto Borge Angulo.
El recurso busca desmantelar “la red de protección a favor del gobierno de Roberto Borge Angulo” que se tejió desde el Congreso estatal, a través de mecanismos como la reducción de penas y plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos.
Por ejemplo, se disminuye la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la Hacienda, el patrimonio y el servicio públicos, como en el caso del delito de Peculado, que ya no está tipificado como grave, por lo que la pena corporal baja de 10 a 5 años.
Se pretende echar abajo la designación de personas vinculadas con la actual administración, como el caso del Fiscal General, representado por Arturo Álvarez Escalera; el titular del Órgano de Fiscalización, Javier Cetina González y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
También, invalidar el decreto que permitirá a Borge Angulo y a su familia, poseer escoltas durante los próximos 15 años, en el lugar que se encuentre, ya sea dentro o fuera del país, a costa del erario.
Asimismo se busca intenta revertir los porcentajes del Presupuesto de Egresos, asignados a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos, que afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación, salud, seguridad, protección civil, desarrollo económico, entre otras.
Por ejemplo, el Presupuesto del Poder Legislativo se incrementó en un 62 por ciento, de 283´647,055 millones de pesos, a un total de 734´572,086 millones, para el ejercicio 2017.
“En el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso aprobó reformas a la Constitución Local, reformó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos que son contrarios al orden constitucional, invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que se vulneran los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”, informó, Carlos Joaquín.
A través de un comunicado, Joaquín González subrayó que las modificaciones a las leyes realizadas por el Congreso local, buscan impunidad “y representan la corrupción que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo”.
Para promover la controversia constitucional, Carlos Joaquín parte de su estatus como gobernador electo e interés de contar con instituciones de procuración y administración de justicia independientes y objetivas, así como leyes que sean acordes con el Sistema Nacional Anticorrupción.
afcl
