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Por el presunto quebranto patrimonial al Estado Mexicano, por el orden del 2 mil 200 millones de pesos y por admitir demandas de particulares sobre reclamos ilegales contra la CFE, un juez dictó auto de formal prisión contra tres magistrados de Ciudad Obregón, Sonora.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), informó que obtuvo del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sonora, Auto de Formal Prisión en contra de tres Magistrados de la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito Contra la Administración de Justicia.
Los inculpados son: Carlos Miguel “N”, Lázaro “N” y Juan Carlos “N”, los tres adscritos a la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Ciudad Obregón, Sonora.
De acuerdo con la indagatoria, personal de la SEIDF inició una Averiguación Previa contra los indiciados debido a que, contrario a derecho, llevaron a cabo un procedimiento para admitir diversas demandas de nulidad de particulares en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que se les devolvieran pagos efectuados por consumo de energía eléctrica que concluyeron en sentencias contrarias a la empresa productiva del Estado, condenándola a la devolución de los pagos.
Las condenas en contra de la CFE, se dieron de manera Sumaria, es decir, las diversas resoluciones condenatorias se llevaron a cabo con la participación de uno solo de los Magistrados, quien admitió, substanció y determinó sin la posibilidad de interponer ningún recurso por parte de la paraestatal.
Con esta acción de los Magistrados, se violaron diversos ordenamientos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que los montos impugnados rebasaban por mucho la norma para la aplicación de este tipo de procedimientos.
Los pagos reclamados ilegalmente pudieron causar un daño patrimonial al Estado mexicano por aproximadamente dos mil doscientos millones de pesos.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso permanente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, comunicó la dependencia.
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