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De las 302 mil 972 sentencias obtenidas por la Procuraduría General del República (PGR) por delitos relacionados con el narcotráfico, de enero de 2000 a febrero de 2006, 18 mil 178 procesos corresponden a menores, es decir, 6%.
Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México, explica que PGR emite sentencias diferenciadas entre adultos y adolescentes, pero para estos últimos se debe tomar el último marco jurídico para procesarlos.
Pérez García señala que su preocupación recae en Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, donde se castiga a los menores con la privación de la libertad y no con rehabilitación.
Estos estados están a la mitad en el tablero nacional de la estadística de sentencias.
Para Pérez García el hecho de que entidades con bajo nivel de sentencias y alta actividad delincuencial como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, se debe a la colusión entre los criminales y las autoridades en la integración de expedientes y porque “no se cuenta con los elementos suficientes” para vincular a juicio a los implicados.
Explica que la administración de justicia en el país no considera las circunstancias de los jovencitos al ser detenidos por delito de narcotráfico pese a ser víctimas de reclutamiento forzado.
La revictimización se da en el momento que los ministerios públicos o policías de cualquier orden de gobierno, captura e investiga a los adolescentes obligados a participar en el crimen organizado. Tampoco los jueces los catalogan así.
Recuerda que durante sexenios anteriores, en México se abordó el tema de protocolos de seguridad durante las detenciones de menores presuntamente infractores para evitar la revictimización, pero con el cambio de administración se perdieron los avances obtenidos es este tema de niños forzados a delinquir.
