Más Información
Mauricio Kuri garantiza seguridad tras ataque a bar Los Cantaritos; niega que conflicto de otros estados se traslade a Querétaro
Rubén Rocha admite “encuentros” entre grupos criminales y autoridad en Sinaloa; “ahí va la seguridad en el estado”, dice
Marcha 25N: Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer; cierres y cortes viales, minuto a minuto
Fernández Noroña celebra “extraordinaria respuesta” de aspirantes a elección judicial; “ganó el éxito”, asegura
El líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez, solicitó un amparo para conseguir se dicten medidas cautelares para que pueda continuar su proceso en libertad.
El recurso legal fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca con el número 1291/2016 y, de entrada, ordenó la suspensión provisional de cualquier maltrato o acto de tortura a los que pudiera ser sometido por parte de las autoridades del reclusorio en Mihuatlán, Oaxaca, donde se encuentra Núñez.
El juez también ordenó que las autoridades rindan sus informes justificados y sobre el cumplimiento de la orden de suspensión provisional; además, citó a audiencia constitucional para el 9 de agosto.
El líder de la Sección 22 está acusado de robo y tentativa de homicidio, que no son considerados graves conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Núñez solicitó el juicio de amparo para que sea puesto a disposición del juez Segundo Penal en Oaxaca, que lleva la causa para realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares que le permitan llevar su proceso en libertad.
“Estamos pidiendo que el Cefereso 13 de Mihuatlán deje de violentar los derechos humanos”, explicó Hugo Paz, abogado de Núñez.
“En virtud de que el Cefereso se ha abstenido de poner a disposición del juzgado a mi defendido como lo marca la ley, acudimos a la justicia de la Unión para que nos ayude a que no se le sigan violando sus derechos humanos”.
Las medias cautelares a las que podría acceder Núñez son el pago de una fianza y la prohibición de participar en las manifestaciones que realiza el magisterio.