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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a no inscribir el refinanciamiento de la deuda del ayuntamiento de Solidaridad en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios, ahora Registro Público Único, al tratarse de nuevas obligaciones contratadas fuera del tiempo marcado por el artículo 117 de la Constitución Mexicana, reformado en 2015, lo que violenta además la legislación vigente en materia de disciplina financiera.
El punto de acuerdo fue presentado ante la Comisión Permanente, que lo avaló y turnó de vuelta a comisiones para que retorne y se vote por la Permanente posteriormente, explicó la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool.
La legisladora manifestó que el ayuntamiento de Solidaridpad generó –intencionalmente en los últimos cinco años- un déficit en su gasto corriente, comprometiendo el gasto público de los próximos 20 años.
Ante la imposibilidad legal de solicitar formalmente financiamiento para cubrir la deuda, se han contratado créditos simples para destinarlos a inversión público-productiva, orientados a obras que actualmente se encuentran inconclusas o simplemente nunca se realizaron.
Esto significaría haber solicitado créditos cortos, para pagar la deuda, pretextando la realización de obras que jamás se hicieron, por haber desviado el dinero para cubrir los adeudos.
Ivanova Pool indicó que como esos créditos se fueron refinanciando, aumentó el monto de deuda, originalmente contratado y se siguieron contratando obligaciones crediticias cuyo vencimiento es menor a los 180 días, aprovechando las reformas implantadas que permitieron el endeudamiento progresivo del gobierno de Quintana Roo.
El mes pasado, en una maniobra poco clara, el ayuntamiento de Solidaridad aprobó –supuestamente en sesión de Cabildo- el refinanciamiento de su deuda, para pasar la de corto plazo (250 millones de pesos) a deuda de largo plazo (780 millones).
El Congreso del estado avaló por mayoría el decreto para el pretendido refinanciamiento, en términos de contratar uno o más créditos hasta por mil 030 millones de pesos.
La semana pasada el gobierno de Solidaridad se inventó un “Comité Financiero para la Evaluación del crédito del municipio de Solidaridad”, que aprobó la adjudicación del contrato de crédito al grupo financiero Bansi.
Para Poot Pech, tanto el refinanciamiento de la Deuda Pública directa, como el nuevo financiamiento para la “Inversión Pública Productiva”, autorizado por dicho comité, violentan la Constitución.
“Ni el ayuntamiento de Solidaridad, ni la Legislatura del estado debieron autorizar el refinanciamiento de obligaciones que formalmente tuvieron que ser liquidadas como lo estipula la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución, pues pretenden adquirir deuda al final del encargo, para refinanciar y mantener en la opacidad el desempeño de sus administraciones”, destacó.
Una consulta a la Constitución Mexicana, hecha por EL UNIVERSAL, permite conocer que, conforme a las reformas hechas al texto constitucional en 2015, en su artículo 117, establecen que los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los limites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
“Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”, se lee.
El gobierno municipal de Solidaridad aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo, el nueve de junio pasado, el refinanciamiento de su deuda, para pasar la de corto plazo a largo plazo, es decir, con antelación al plazo marcado por el 117 constitucional; sin embargo, la contratación de uno o más créditos hasta por mil 030 millones de pesos, adjudicado a Bansi, ocurrió la semana pasada.
afcl
