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La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 32 carpetas de investigación por delitos federales relacionados con los hechos ocurridos en 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo ocho civiles muertos y más de 100 lesionados tras el desalojo de un autopista federal por parte de la Policía Federal.
La procuradora Arely Gómez dijo que las carpetas de investigación están relacionadas con las lesiones causadas a los policías federales y daños a las vías de comunicación.
Entrevistada luego de participar en la inauguración del Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso, la titular de la PGR señaló que se realizan todos los dictámenes periciales para deslindar responsabilidades, en torno a las balas que dispararon ese día.
Son “32 carpetas al inicio de este acontecimiento relacionadas con el fuero federal y, posteriormente, se atrajo la investigación que había iniciado la fiscalía del estado, investigación que estamos trabajando pero quiero señalar que desde el primer momento hemos estado presentes en la entidad, hemos dado todo el apoyo necesario en materia pericial, ministerial y policial.
“La procuraduría está trabajando de acuerdo a los plazos que le rige su legislación y estamos deslindando responsabilidades; se está trabajando con profesionalismo y con una debida actuación”, agregó.
El pasado 7 de julio la dependencia federal anunció que atrajo la investigación, a través de la cual se determinarán los delitos a seguir y las sanciones correspondientes.
El domingo 19 de junio, elementos federales y estatales realizaron un operativo para desbloquear la supercarretera, tomada por integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde siete días antes.
En acusaciones cruzadas, la CNTE y pobladores de Nochixtlán señalaron que policías federales iniciaron la agresión a balazos.
En contraste, la Policía Federal informó que desde el contingente que bloqueaba la autopista surgieron los primeros disparos. Incluso, en un primer momento, la dependencia aseguró que sus elementos no iban armados, lo cual constató un notario público, pero después —explicó— ante las agresiones, un grupo de reacción reforzó el operativo, con otros uniformados que sí portaban armas.
