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Monterrey.— La ex alcaldesa panista de esta ciudad, Margarita Arellanes Cervantes, y nueve ex funcionarios de su administración se acogieron al artículo 20 constitucional para no declarar, y se limitaron a escuchar las imputaciones que hizo en su contra la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo en su puesto.
Los ex funcionarios fueron acusados por la actual administración que encabeza el alcalde priísta Adrián de la Garza Santos, de pagar 7.5 millones de pesos del erario municipal, para defenderse de posibles demandas legales durante el periodo 2015-2018, ante posibles irregularidades cometidas durante su gestión de 2012 a 2015. Ahora el Ayuntamiento reclama 8 millones 207 mil 546 pesos.
Además de Arellanes comparecieron Jesús Hurtado Rodríguez, ex secretario del ayuntamiento; Julián Hernández Santillán, ex tesorero; Irasema Arreaga Belmont, ex síndica; Alejandra Rodríguez Guerra, ex secretaria de Administración, y José Francisco de la Cruz Suárez, ex director jurídico.
Ellos estuvieron frente a Patricia Gutiérrez Ramírez, magistrada de control.
Asimismo, fueron imputados sólo por ejercicio indebido de funciones públicas, el ex síndico David Rex Ochoa; Luis Ángel Torres Garza, ex encargado de la Dirección de Adquisiciones; Aldo Ariel Cepeda López, ex director de Egresos, y el ex regidor Arturo Pezina Cruz, único de militancia priísta entre los acusados.
La defensa de Arellanes pidió ampliación del plazo para que se resuelva su situación jurídica, que será el martes próximo. Al salir de la comparecencia, el abogado expresó: “No comentaré sobre el proceso legal que se sigue en su contra para no afectar a los otros coacusados”.
Ha trascendido que el abogado Roberto Martínez Rodríguez, quien cobró 7.5 millones de pesos en una sola exhibición, como pago adelantado por los honorarios, el último día hábil de la administración de Arellanes Cervantes, ha ofrecido devolver el dinero al nuevo gobierno municipal, lo cual, sin embargo, no impediría que los acusados sigan sujetos a proceso.
Esta es la primera de varias denuncias que enfrentará la ex alcaldesa, quien buscó la candidatura del PAN al gobierno de Nuevo León para los comicios de junio de 2015.
El 1 de marzo de este año, la nueva administración municipal (PRI) presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción además de la querella por el pago indebido de 7.5 millones, otra denuncia por un presunto desvío de 10 millones 300 mil 194 pesos para el pago de ISR de abril de 2015. Los recursos estaban destinados para el financiamiento de inversión pública y eran parte de un crédito de 104.7 millones de pesos.