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El incendio en la Guardería ABC no es un expediente cerrado. Existe un video que los padres entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y que consideran es una evidencia de que el siniestro fue ocasionado en la bodega contigua que ocupaba la Secretaría de Hacienda estatal; hoy forma parte de una línea de investigación en busca de más responsables y para determinar las causas que originaron la tragedia hace siete años.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gabriel Serrano Alvarado, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, quien representa a la mayor parte de los padres y madres de los niños afectados por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, revela que aún hay más camino por recorrer para esclarecer los hechos.
A siete años de distancia, reconoce la fortaleza física y espiritual de los padres de familia “por la pérdida terrible de sus hijos y que no han tenido un minuto de reposo para vivir su duelo en aras de exigir justicia”, por eso mantiene la lucha con ellos.
Si bien se vislumbran avances en el caso, esperan un nuevo peritaje que prometió la PGR luego de que presentaron como evidencia un video, en el que asegura el abogado, se demuestra la intencionalidad del incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
En las imágenes aparece un sujeto que recoge documentos semi quemados y mete algo a la bolsa del pantalón; la persona estaba dentro de una zona con resguardo ministerial a un día de la tragedia, revela Serrano.
Detalla que en el video se observa a una persona que sustrae de la bodega algunos documentos semi quemados, “como que los está revisando con su mano derecha y con la otra se va llevando algo que seguramente extrajo de la bodega, se lo va llevando a su bolsillo delantero izquierdo”.
El análisis de la grabación es una pista clave, señala, puesto que en la primera etapa de la investigación, las imágenes pasaron inadvertidas, “fueron tomadas por una televisora local al día siguiente del incendio.
Una vez conocida la identidad de la persona, la intención es recabar su declaración ministerial para que explique y justifique su presencia en ese lugar, sobre todo determinar quién le autorizo el ingreso, quien le pidió ir, saber qué documentos buscaba y a quién se los entregó. Eso lo hablamos en la reciente reunión con la procuradora Arely Gómez”, concluye.
Cero resguardo. Ante el hecho de que la investigación sigue abierta, el litigante reprocha que el inmueble no esté reguardado por la PGR: “La responsabilidad de custodia se la delegó a la policía municipal que a veces deja una patrulla con las llantas ponchadas y a dos agentes, pero no de noche.
“Hay que aclarar, la Guardería ABC es el escenario de un crimen y no se puede entrar en condiciones normales, se supone que está bajo aseguramiento ministerial y que debiera haber suficiente seguridad”, expone.
Asegura que el reclamo de justicia en este caso no tiene fecha de caducidad, puesto que hay víctimas de por vida. Por ello, permanecen en el sinuoso camino para demandar resultados a las autoridades por el incendio en la estancia infantil donde había 211 niños registrados.
El 5 de junio de 2009 se encontraban 166 en la estancia, de los que 49 fallecieron, 26 resultaron lesionados por quemaduras, más de 81 expuestos a la inhalación de humo tóxico y otros 10 ilesos.
“Los niños con cualquier afectación nunca serán dados de alta. Al contrario, los menores sufren efectos colaterales por la ingesta de entre cinco y siete medicamentos diferentes diarios, provocando, a siete años, el deterioro de sus órganos”, enfatiza Serrano Alvarado.
A pesar de este escenario, los padres se enteraron de que en los próximos días el IMSS dará por cerrado el caso cuando aún es un capítulo abierto: todavía hay pendientes.
Nueva esperanza. Serrano Alvarado detalla que, en diciembre de 2013, la PGR anunció que una empresa británica iba a realizar un nuevo peritaje sobre la condición de la instalación de la bodega contigua a la guardería bajo la nueva línea de investigación de que el incendio fue provocado.
“Era una empresa norteamericana filial de la empresa británica, que está en San Antonio, Texas, y en enero vinieron para acá. No sabemos bien qué sucedió, la averiguación no continuó, creemos que se trató de un asunto de dinero, que no se les pagó, no llegaron a un entendimiento económico, incluso las actuaciones de ellos no están en la averiguación previa y nosotros como abogados se lo reprochamos a las autoridades competentes”, expone.
Después, asegura el abogado, la procuradora Arely Gómez se comprometió a que —independientemente del costo de ese dictamen pericial— se iba a solventar a cabalidad, y se está pidiendo a la empresa un video de reconstrucción digital que será clave en términos de criminalística. El resultado de estas diligencias es uno de los pendientes del caso.
Las conclusiones a las que arribe la PGR en esta etapa de la investigación tendrán impacto en todo el caso.
Resultados cruciales. Para el abogado Héctor Contreras Pérez, defensor de Delia Botello Hernández, quien era coordinadora de delegaciones del IMSS y estuvo presa dos años y medio para después ser absuelta de los cargos de homicidio y lesiones, los resultados que presente la PGR son cruciales para todos los implicados.
“Después de siete años de ocurrida la tragedia, no puede ser que la autoridad ministerial, en este caso la PGR, no haya resuelto en su totalidad el caso”, afirma el abogado.
Cuestiona: “¿Cuánto tiempo más requiere para investigar, y determinar? Es momento de que, en un acto de responsabilidad, resuelva el fondo del problema sin que los padres sigan dando vueltas abrigando la posibilidad de que sí se trató de un incendio intencional.
“La PGR tiene que resolverlo de una vez por todas, esto debe tener un límite… sí el incendio en la bodega fue provocado y se tienen pruebas, que lo manden a juzgado, pero que no pase más tiempo para que quede en el olvido”, demanda el defensor Contreras Pérez.
