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Sólo una de las 22 propiedades embargadas a 11 ex funcionarios por el gobierno de Nuevo León pertenecía al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, aclaró Aldo Fasci Zuazua, vocero de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para los casos relevantes de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción.
Agregó que el terreno embargado precautoriamente a Medina de la Cruz es un rancho de 36 hectáreas que incluye una finca campestre, en el municipio de General Terán, en la región citrícola del estado.
Explicó que por el momento no se le han asegurado más bienes al ex gobernador porque otra casa que tenía fue vendida recientemente y dos más las cedió a sus familiares. El terreno asegurado no está valuado porque detectaron que tenía mejoras, pero en breve se podrá conocer su valor comercial.
El vocero señaló que se enviarán oficios a todas las entidades para investigar si es dueño de otros inmuebles.
Las otras 21 propiedades embargadas, por órdenes del juez de control Pedro Cisneros Santillán, pertenecen a 10 funcionarios de la administración que encabezó Medina de la Cruz.
Ellos son Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico; Celina Villarreal Cárdenas, ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Rodolfo Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas y tesorero general; Luis Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas, y Jaime Parada Ávila, ex director del Instituto de Innovación y Tecnología.
Además, están Fernando Gutiérrez Moreno, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico; Sergio Alanís Marroquín, ex director ejecutivo de Fomerrey; Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus, y Víctor Martínez Trujillo, ex director general del Sistema de Caminos de Nuevo León.
La acusación. Fasci afirmó que en los próximos días la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción solicitará al juez Cisneros Santillán fijar fechas de las audiencias iniciales para que comparezcan los ex funcionarios a quienes se les atribuyen delitos como peculado y uso abusivo de funciones.
Añadió que los involucrados obligadamente deberán acudir de manera personal, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.
Dijo que la ciudadanía tiene esperanzas de que las cosas cambien en materia de justicia y combate a la corrupción, aunque reconoció que tienen razón en manifestar sus dudas.
Fasci Zuazua defendió que se procediera al embargo precautorio, antes de imputar a los ex funcionarios.
Dijo entender la postura de los partidos PAN y PRI en el sentido de que para el anuncio del embargo precautorio contra los ex servidores públicos se buscó la cercanía con las elecciones del domingo.
“En Nuevo León no hay ninguna elección, y no creemos que ni Rodrigo Medina ni Margarita Arellanes les quiten o les den un voto a sus partidos fuera de Nuevo León”, declaró el vocero. Y asentó que más bien se trata de una respuesta al hecho de que el 7 de junio se cumple un año de la elección constitucional donde ganó la opción independiente.
“Lo habíamos señalado, que teníamos que dar esa respuesta, y ya la dimos, habrá más noticias, paso por paso. Quien debe conocer todo esto es la ciudadanía, son los que nos interesan que conozcan la verdad, nadie más que ellos”, comentó.
En el mismo sentido, afirmó, “respetamos mucho los comentarios del ex gobernador Rodrigo Medina. Está en todo su derecho, pero no lo compartimos, porque es una posición de un tema importantísimo, como es el combate a la corrupción”.
Finalmente, dijo, “a todos a los que desean que esto se lleve a cabo, a los que tienen dudas y están criticando: nos vemos en los tribunales, ahí se conocerá la verdad”.
