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Guadalajara.— Han pasado dos años nueve meses desde que un convoy de presuntos policías estatales llegó a la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, Jalisco, para buscar autos robados en un supuesto operativo.
Entraron por la fuerza a una fiesta infantil y esposaron a varios hombres: se llevaron a cinco, entre ellos a Antonio Reynoso Hernández, de 24 años.
Mayra Hernández, madre de Antonio, asegura que vio cuando los policías se lo llevaron en una patrulla sin placas y con los números de serie tapados; lo vio golpeado y sangrando de la frente, se acercó a preguntar por qué lo arrestaban y a dónde lo llevarían.
Los policías le cerraron el paso, le dijeron que había participado en una riña y no hubo más explicación. Era la noche del 30 de agosto de 2013. Desde entonces su familia lo busca.
En la averiguación previa 263/2013 los policías llamados a declarar reconocen que hubo un operativo en esa colonia, pero aseguran que se realizó el 31 de agosto de 2013 y no el 30, que fue una persecución y que no detuvieron a Antonio; la versión que manejan las autoridades es que el joven escapó de los policías y se encuentra prófugo.
Sin pistas. Ante este panorama de desamparo de familias con algún ser querido desaparecido, en días pasados la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó a la Fiscalía del Estado entregue un informe especial sobre la desaparición de personas en Jalisco y un reporte detallado sobre la localización de fosas clandestinas durante los últimos 20 años.
La CEDH no tiene una cifra exacta de desaparecidos, pero estima que superan los tres mil, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) señala que en Jalisco se han reportado 2 mil 390 casos, de 2007 a la fecha.
La entidad se ubica en tercer lugar, sólo por debajo de Tamaulipas, con 5 mil 583 casos, y el Estado de México, con 2 mil 830 personas desaparecidas; a nivel nacional, el RNPED tiene un reporte de 27 mil 162 desaparecidos hasta el 30 de abril.
Al respecto, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, señala que de los poco más de tres mil casos registrados en la entidad, sólo en 391 hay indicios suficientes para vincularlos con un crimen.
Sin embargo, el titular de Derechos Humanos de la Fiscalía, Dante Jaime Haro Reyes, detalló que 67.8% de los desaparecidos son hombres mayores de edad que pudieron ser levantados: “Después están los casos donde existen testigos que declaran que sujetos armados se los llevaron a la fuerza, por lo que presumiblemente la desaparición está vinculada con un delito. Estos casos representan 11.2% del total”.
El 6.74% de los casos corresponde a personas extraviadas que por algún motivo —como ser menores de edad o padecer alguna enfermedad mental— no tienen la capacidad de regresar a sus casas; y el restante 13.76% son personas que se han ausentado voluntariamente de sus hogares.
Respecto a las fosas localizadas en el estado, Dante Jaime indicó que ese documento es necesario no sólo a nivel estatal, sino a nivel federal, ya que el problema de los desaparecidos está presente en todo el país.
Agregó que se intenta echar a andar la plataforma AM/PM (Antes Mortem/Post Mortem), que consiste en colectar información precisa durante las primeras 72 horas después del reporte de una desaparición para sistematizarla y buscar a las personas en vida; además, se crea un banco de datos con huellas dactilares y muestras de ADN.
