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Monterrey.— La Fiscalía de Nuevo León inició acciones penales contra el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros, cuyo daño patrimonial asciende a 3 mil 600 millones de pesos. Ante ello, iniciaron un embargo precautorio de los bienes del ex mandatario.
Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, informó que un juez ordenó el aseguramiento de bienes de siete funcionarios de la administración anterior, que quedarán en garantía mientras la fiscalía presenta las pruebas de las imputaciones, que deberá presentar en menos de dos meses.
Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Aldo Fasci, dijo, en la misma rueda de prensa, que el embargo se dictó contra 11 ex funcionarios.
Tanto Canales como Fasci Zuazua negaron que el anuncio, a dos días de las elecciones, tenga alguna intención de beneficiar la causa de las candidaturas independientes.
Fasci agregó que hay más de 30 involucrados en este caso, entre ex funcionarios y particulares.
Expresó que el Ministerio Público decidió presentar cargos contra el ex gobernador, nueve ex funcionarios de primer nivel, cinco ex servidores públicos de segundo y tercer nivel, dos alcaldes y dos diputados federales en funciones, de quienes en su momento se solicitará el desafuero.
Además, entre los involucrados hay 10 empresarios de la rama de la construcción y sector inmobiliario, más dos funcionarios de la banca.
Los cargos que se les atribuyen son peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
Explicó que los ex servidores públicos, a través de fideicomisos, adquirieron inmuebles, hicieron obras de beneficio privado, pagaron sobreprecios, obras sin licitación a favor de personas conocidas, además de usar información privilegiada.
“En este momento se está procediendo al aseguramiento y embargo de bienes”, dijo, sin revelar el número de inmuebles ni los nombres de los involucrados, con el argumento de que las investigaciones están en curso.
EL UNIVERSAL acudió a una finca del ex gobernador en Las Misiones, calle Camino Real, en el sur de Monterrey, donde no se observó movimiento que denotara el embargo precautorio.
Amenaza cumplida. Desde su campaña electoral en 2015, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que investigaría las presuntas irregularidades de Medina de la Cruz. En agosto pasado dijo que realizaría una auditoría.
En diversas ocasiones, El Bronco acusó al ex gobernador de dejar una deuda superior a los 90 mil millones de pesos, de haber entregado terrenos a su familia, solapado a centenares de aviadores, de firmar un convenio ventajoso con KIA Motors, entre otros señalamientos; ayer, finalmente cumplió las advertencias de que actuaría en su contra.
