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La suspensión decretada por el Congreso del Estado de los derechos y obligaciones de la desaforada diputada local, Lucero Guadalupe Sánchez López, investigada por sus presuntos nexos con Joaquín Guzmán Loera, generó controversia entre varios miembros del Poder Legislativo, los cuales no avalaron la separación de su curul.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Jesús Enrique Hernández Chávez dijo ser respetuoso de las discrepancias de algunos diputados, pero, estableció que el tema de la representante popular por el XIV Distrito de Cósala, está agotado.
La notificación de la Cámara Federal de Diputados, sobre el juicio de procedencia que se instauró en su contra el cual concluyó con su desafuero, se cumplió en todos sus términos, al ser del conocimiento del pleno en el Congreso del Estado, precisó.
“En el caso de la diputada Sánchez López, no interfirió, ni le afectó, ni se percibió presiones, se actuó solo en estricto apego a la ley”, subrayó.
Admitió que por ser un caso inédito en la historia del Poder Legislativo local, se observó que se tienen muchas lagunas jurídicas en el tema del desafuero por parte de la Cámara Federal de Diputados, por lo que el expediente tuvo que ser analizado a fondo.
En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Francisco Solano Urias, quien externó que no se tiene definido si es necesario citar a tomar protesta a la suplente, Sharaí García Delgado.
Precisó que la vida de la actual legislatura puede funcionar con un mínimo de 21 de los 40 diputados que la integran, por lo que no se tiene contemplado de momento cubrir el curul vacante de Lucero Guadalupe.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Silvia Miriam Chávez, calificó que su compañera de curul es una víctima más, puesto que el tema de su separación no se subió al pleno, ni se notificó previamente a los diputados.
Estableció que a su juicio se debió notificar al pleno y someter a votación, la acción de suspenderla de sus derechos y obligaciones como diputada local.
María del Rosario Sánchez Zatarain, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Sinaloense explicó que el juicio de procedencia que se abrió contra Lucero Guadalupe fue para “quitarle el escudo del fuero”, más no sus derechos de permanecer en el Congreso del Estado.
Señaló que no comparte los criterios jurídicos que se esgrimieron para sólo notificar al pleno de la notificación de su desafuero por parte de la Cámara Federal de Diputados que le siguió en procedimiento.
El diputado local independiente Ramón Lucas Lizárraga explicó que el desafuero de la legisladora local no implica privarla de sus derechos como diputada local, puesto que para ello es necesario que el pleno, por votación mayoritaria, así lo determine.
Lucero Guadalupe, quien la semana pasada promovió dos juicios de amparo para evitar ser detenida o arraigada, es investigada por el uso de documentación apócrifa a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez.
Según las indagatorias de la Procuraduría General de la República ella fue identificada como la mujer que el 4 de septiembre del 2014, ingresó, con dichos documentos, al penal de máxima seguridad del Altiplano para visitar a Joaquín Guzmán Loera.
El pasado 20 de enero las autoridades federales en esta ciudad la detuvieron en base a un oficio de localización y trasladada a la Ciudad de México, para rendir declaración en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República.
Sánchez López, postulada en el 2013 como candidata por la coalición PAN-PRD-PAS, con una votación de cuatro mil 164 votos a su favor se convirtió en la diputada electa más joven de Sinaloa.
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