marco.muedano@eluniversal.com.mx
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Oaxaca tomaron el testimonio a los elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública de la entidad que participaron en el operativo del pasado 19 de junio en Nochixtlán, donde perdieron la vida ocho personas.
Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de ambas dependencias incluyen estudios de balística de las armas de fuego que portaban los elementos de la Policía Federal. A partir del análisis de las ojivas encontradas en los cuerpos de las siete personas, se determinará si alguno de los policías accionó su arma en contra de ellos.
Autoridades del gobierno federal consultadas por EL UNIVERSAL sobre este caso, explicaron que durante esta semana se tendrán los resultados del análisis, lo que permitirá tener los elementos suficientes para deslindar si algún policía accionó su arma de cargo.
Indicaron que dependerá del resultado si se cita a declarar a los mandos de las corporaciones que participaron. Si algún uniformado disparó, se deberá establecer quién dio la orden de enviar más elementos y que portaran armas.
Las fuentes consultadas explicaron que es preciso llevar a cabo una reconstrucción de los hechos, por lo que es necesario trasladarse al lugar. Sin embargo, ante la presencia de manifestantes en la zona se corre el riesgo de que se registren nuevos enfrentamientos, por lo que esta diligencia está pendiente,
Indicaron que las investigaciones en la escena del enfrentamiento permitirán determinar desde qué lugar comenzaron a ser accionadas las armas, dónde estaba apostado cada grupo y cómo actuaron los policías, si las declaraciones recabadas hasta el momento coinciden en el lugar.
Una de las líneas de investigación que llevan a cabo las autoridades es la presencia de grupos armados que al ver afectados sus intereses en la zona comenzaron a accionar sus armas para propiciar el caos entre los manifestantes y las autoridades.
Explicaron que se tienen identificados a diferentes grupos armados que operan en Oaxaca e indagan los vínculos que pueden tener con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
