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Con las reformas aprobadas por el Congreso de Quintana Roo, el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, gozará junto con su familia, de la protección de escoltas con costo al erario durante 15 años, a partir de que deje el cargo en septiembre próximo.
Como parte del paquete legislativo que el Congreso de Quintana Roo aprobó en sesión extraordinaria, desde el martes pasado y hasta este sábado, se encuentran las reformas a la Ley de Seguridad Pública, entre las cuales está la modificación del artículo 51.
Dicho artículo ahora establece que “el gobernador del estado tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática; así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo por un tiempo irrevocable de 15 años”, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso y consultado por EL UNIVERSAL.
El artículo 52 marca que además del gobernador, gozará de protección con escoltas, cualquier ex servidor público del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en razón de sus servicios en materia de Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia, legislación sobre delitos o en las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación y Gestión Pública, tengan la necesidad de ser protegidos.
El artículo 53 de esa misma ley quedó derogado y era el que establecía que los ex servidores públicos, para gozar del servicio público de escolta, requerían haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo y que el lapso para que se les brindase esa protección era de ocho años.
Conforme al artículo 49, también reformado, toda la información relacionada con los escoltas asignados a ex funcionarios, así como los recursos materiales que les sean asignados, quedaron en la opacidad, pues se le considera información “reservada” o “confidencial”.
Dentro del Comité que autorice a los escoltas, el sueldo y el número de estos, a ex funcionarios, se encuentra el Fiscal General –figura aprobada también por el Congreso- Arturo Álvarez Escalera.
El artículo 54 –modificado- establece que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, “no será menor de los que éstos contaban mientras desempeñaban el encargo”.
Borge Angulo solía desplegar más de cinco camionetas blindadas, con un grupo numeroso de escoltas armados, a cargo de equipo sofisticado de monitoreo y telecomunicaciones.
La reforma de artículos de la Ley de Seguridad Pública, fue presentada por el propio Borge Angulo a la 14 Legislatura, que aprobó los cambios con 20 votos a favor, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT).
Votaron en contra las y los diputados de Acción Nacional (PAN), Sergio Bolio Rosado, Eugenia Azcorra Lugo y Trinidad; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Ramírez Razo y, sorpresivamente, Víctor Mass Tah, del PRI, quienes se opusieron al paquete completo que fue votado durante las tres sesiones de la Sesión Extraordinaria del Congreso, desde el martes pasado.
El total de reformas a la Constitución, que contemplan diversas modificaciones de leyes y reglamentos, fueron bautizadas por la ciudadanía como “paquete de la impunidad”, pues varias de ellas buscan –presuntamente- blindar la salida de Roberto Borge, cuya administración culmina en septiembre próximo.
Las reformas constitucionales, impulsadas por Borge y ya aprobadas por la mayoría del PRI en el Congreso, abarcan la creación de la Fiscalía General, que sustituye como figura a la Procuraduría de Justicia, cuyo actual titular fue ratificado hoy por la Legislatura, la cual le tomó protesta como nuevo Fiscal.
También, la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, como Órgano Jurisdiccional Autónomo para dictar sus fallos y con jurisdicción plena; la asignación de porcentajes presupuestarios a los poderes del estado y órganos autónomos, con la finalidad de garantizar su funcionamiento y autonomía constitucional, lo cual se presume, afectará el margen de acción del siguiente gobierno.
El refinanciamiento de los 250 millones de pesos correspondientes a la deuda de corto plazo del municipio de Solidaridad, para que sea de largo plazo, que actualmente es de 780 millones de pesos.
El proceso del refinanciamiento está presuntamente viciado de origen, ya que el regidor, Orlando Muñoz, denunció hace dos semanas que el Cabildo de Solidaridad nunca sesionó para aprobar la medida, sino que el acuerdo fue turnado en lo individual a cada concejal para firmarlo y luego simular que fue votado en sesión y enviarlo al Congreso.
El Congreso además designó a Felipe de Jesús Magaña Solís y Carlos Lima Carvajal, como magistrados numerarios; y a Ángel Ysidro Quintal Quintal, como magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.
Tanto Lima Carvajal, como Quintal Quintal enfrentan fuertes cuestionamientos, al estar ligados con denuncias y acusaciones por corrupción, abuso de autoridad, negligencia en el desempeño de sus funciones, cohecho, entre otros, de acuerdo con el dirigente del PRD en la entidad, Carlos Montalbán.
También se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Dirección de Concertación Legislativa, eligiendo para ello a Emilio Villanueva Chan, secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso, Pedro Flota Alcocer.
El joven enlace deberá promover directrices para auxiliar en los consensos y negociaciones para la toma de decisiones en el proceso legislativo, impulsar la conformación de acuerdos o consensos relacionados con iniciativas, proposiciones, propuestas y otros asuntos que requieran de su votación en comisiones o en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.
Además, con 19 votos a favor, se eligió y dio nombramiento a Nora Leticia Cerón González, Mónica Yolanda Cortina Mora, Daniel Robertos Cetina y Sergio Anguiano, como integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
