Esta noche Cancún fue escenario de protestas ciudadanas en contra de las reformas aprobadas por el Congreso de Quintana Roo, con las cuales se busca, presuntamente, blindar al gobernador saliente, Roberto Borge Angulo.
En menos de media hora, el ayuntamiento de Benito Juárez avaló en sesión extraordinaria de Cabildo, el paquete de reformas que, parcialmente, fue aprobado ayer por la Legislatura, pese al llamado de la ciudadanía a que temas como la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización del estado, no fueran sometidos a votación.
La sesión de Cabildo que tenían programada para el anochecer, se adelantó y realizó durante la tarde. Con los votos del alcalde, Paul Carrillo y de las y los regidores, Luz María Cruz Alanis; Livier Barba, René Sansores, Luis Alberto Chuc, Manuel Quiñonez, Fernando Peralta y Silvia Ponce, se aprobó el paquete legislativo.
Los concejales Ulrika Fitchl, Nadia Santillán, Alejandro Luna, René Cícero y María del Carmen Deseano, votaron en contra, mientras quienes no participaron fueron el síndico, Guillermo Brahms y los regidores, Olga Hop y Antonio Cervera.
Antes, durante y después de la sesión de Cabildo, grupos de antimotines se apostaron detrás del Palacio Municipal, vigilado además por patrullas y agentes en motocicleta.
Al caer la noche, ciudadanos se manifestaron en contra del Congreso y del ayuntamiento que avaló reformas que –aseguran- tienden a cubrir a Borge Angulo, para garantizarle impunidad, ante las auditorias que el gobernador electo, Carlos Joaquín, ofreció realizar al ejercicio de los 12 últimos años de gobierno.
“Los ciudadanos de Quintana Roo estamos hartos”, “¡Cárcel a Borge!”, “Fuera Borge!”, “juicio a Borge, juicio a Borge”; “juicio a Paul, juicio a Paul, juicio a Paul, por corrupto”, “no mas impunidad, no más corrupción”, “no a Ley Borge”, gritaban las y los ciudadanos reunidos en Plaza de la Reforma, en el Palacio Municipal.
Entre las y los manifestantes se encontraban empresarios, académicas, investigadores, activistas, pioneros y fundadores de la ciudad; jóvenes, estudiantes, amas de casa, empleados, entre otros.
El presidente de la organización Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), Juan Ignacio Athie Lambarri, lamentó el “obscuro” proceder, no sólo del Congreso, sino del gobierno de Paul Carrillo.
“Desgraciadamente lo único que encontramos es una falta de claridad y transparencia; un proceso de este tipo que tiene tantas repercusiones en la vida del estado, requiere de un proceso de información, de cabildeo, de gestión, de apertura y cuando eso no se da así, evidentemente genera todo tipo de sospechas.
“Para nosotros lo más importante, en este caso, es la falta de tacto, el querer correr, el no informar, el no ser absolutamente claros o el dar explicaciones a posteriori, que no es lo mas adecuado (…) este proceso no ha sido del todo transparente”, manifestó.
El también empresario dijo que en diputados y regidores no existe claridad en que el puesto se lo deben al voto ciudadano, por lo que los votos en bloque “también despiertan mucha sospecha”.
Anunció que revisarán si existen mecanismos jurídicos para revertir aquello que se haya aprobado en detrimento de la ciudadanía y, de encontrar los elementos necesarios, actuarán en consecuencia.
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo y Cozumel
El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas hizo lo propio, avalando las reformas, mientras que el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto canceló la sesión de Cabildo, ante la ausencia de quórum legal. La mayoría de las y los concejales se negaron a asistir y se declararon “del lado del pueblo”.
En Cozumel el escenario fue distinto. El cabildo se vio forzado a votar en contra, luego de intensas protestas ciudadanas y enfrentamientos con la policía, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos.
Durante la sesión, también de carácter extraordinario, el acuerdo quedó desechado con 8 votos en contra, de las y los regidores, Margarita Vázquez, José Becerra, Aurora Miranda, Genny Canto, Emilio Villanueva, Roberto Olán, Rosalba Hernández y César Trejo.
Sólo el alcalde, Freddy Marrufo y los concejales José Puc y Miguel Alonso, votaron a favor.
Para que las reformas aprobadas por el Congreso surtan efecto, se requiere el aval de seis de los 11 municipios.
De un paquete de 13 modificaciones, la Legislatura aprobó nueve, entre ellas, la creación de una Fiscalía General que sustituirá a la Procuraduría de Justicia, como parte del nuevo Sistema de Justicia Penal; se autorizó el refinanciamiento de la deuda pública de Solidaridad y se decretó la Ley para la Atención y Protección de Personas con la condición de espectro autista, además de temas vinculados con la Secretaría de Educación y Cultura, así como la creación de una figura de enlace legislativo.
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