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El informe emitido por el Grupo de Trabajo encabezado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), confirmó que en Quintana Roo los agravios hacia las mujeres son suficientes para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), si en seis meses el gobierno del estado no cumple con las 11 recomendaciones hechas por las y los especialistas involucrados en el estudio de la problemática.
El documento, denominado “Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en Quintana Roo”, fue entregado por la Conavim al Consejo Estatal de Mujeres –que presentó la solicitud de AVG al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el cuatro de diciembre de 2015- y al gobernador, Roberto Borge –como responsable- el 22 de abril pasado.
El 13 de mayo, la administración estatal aceptó –a punto de vencerse el plazo- adoptar las conclusiones del informe de 85 páginas, correspondiente a la solicitud AVGM/08/2015, lo que frenó la decisión de decretar la Alerta de Violencia de Género, de acuerdo con las propias reglas del mecanismo, las cuales establecen que si el gobierno de Borge Angulo se hubiese negado a reconocer la problemática y las sugerencias del Grupo de Trabajo (GT), cinco días después se habría declarado la AVG.
El plazo de seis meses para dar cumplimiento a las acciones propuestas por el GT liderado por la Conavim parte del momento en que el gobierno del estado adoptó las conclusiones, lo que implica que en noviembre se debe entregar el reporte correspondiente, es decir, dos meses después de que el nuevo gobierno esté constituido, luego de las elecciones del cinco de junio pasado.
Entre las conclusiones y acciones a cumplir, resaltan –tan sólo en el marco legal- la modificación 13 modificaciones al Código Penal de Quintana Roo; siete, al Código Civil; se propone revisar y modificar las Leyes de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el estado; la Ley estatal de Trata de Personas; la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
También se recomendó la elaboración y aplicación de protocolos para investigar con Perspectiva de Género y específicamente el referente al delito de Feminicidio, así como una incorporar una serie de especificaciones relativas a las medidas de Protección o Cautelares para delitos en razón de Género.
Quintana Roo: Violencia considerable vs las mujeres
La primera conclusión del GT, indica que, a partir de la información de las organizaciones solicitantes –el Consejo Estatal de las Mujeres y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, con apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)- sumado a lo reportado por el gobierno del estado, las entrevistas hechas en los cinco municipios y las visitas in situ, “se detectó que existen índices considerables de violencia, particularmente contra las mujeres, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad”.
Se indica que, específicamente en Cancún, existe una zona identificada, en la que se concentra la violencia feminicida, que incluye delitos sexuales, homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, de acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género, que identificó esa área comprendida por las regiones populares de la 102, 103 y 105, al oeste de la ciudad; la 247 y 248 –al noroeste- y las delegaciones de Alfredo V. Bonfil, Avante y Valle Verde, éstos dos últimos, asentamientos irregulares.
Una lectura al Informe, hecha por EL UNIVERSAL, destaca que el gobierno estatal no reportó la existencia de ningún Feminicidio, aunque el delito está tipificado como tal desde el 19 de junio del 2013 y pese a que reconoce la existencia de 62 homicidios dolosos de mujeres, del 2011 al 2015 en Cancún y Solidaridad, de los cuales se levantaron 60 averiguaciones previas.
El 74 por ciento de esos crímenes ocurrió en Cancún y el 25.8 en Solidaridad. En los otros municipios no hay registro de casos, según la versión que el gobierno dio al GT.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado contradijo el dato e informó que en Cozumel se atendieron dos homicidios de mujeres y otros dos en Isla Mujeres en ese periodo.
El GT cita que en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, tan solo en 2011 se reportaron 55 homicidios de mujeres en Quintana Roo; hubo 30 mujeres que denunciaron lesiones y tres víctimas de abuso sexual.
En 2012, 30 mujeres fueron asesinadas; se registraron 59 casos de víctimas de lesiones y 21, de abuso sexual; 19 casos fueron por violación simple.
En el 2013, se reportaron 21 mujeres víctimas de homicidio; 960, lesionadas y 435 abusadas sexualmente; 445, por violación, y 35 por violación equiparada. El aumento de agravios es mencionado por el GT como un motivo de preocupación.
La solicitud para decretar la AVG menciona 13 casos de 16 mujeres víctimas de violencia feminicida, del 13 de agosto de 2014 al seis de noviembre del 2015, además de otros 17 casos que no culminaron con el feminicidio de las agraviadas.
Al margen de las cifras oficiales y los datos contradictorios entre dependencias e instancias, sobre el número de asesinatos de mujeres, el GT destaca que ninguno de los casos se ha investigado y menos aún, consignado como Feminicidio, aunque exista el tipo penal y los crímenes probablemente se apeguen a éste.
Por tanto, una de las recomendaciones destacables, consiste en que “todos los casos de muertes violentas de mujeres, deben ser primero investigados por el delito de Feminicidio y, en caso de no actualizarse los elementos del tipo penal, reclasificarlo”.
Se mencionan entre las conclusiones y propuestas, la restricción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas en zonas específicas, toda vez que el GT encontró una correlación entre el alcoholismo y la violencia contra las mujeres; se sugiere fortalecer al Grupo Especializado en Atención de la Violencia Intrafamiliar (GEAVI), así como reforzar los patrullajes preventivos y que estos sean realizados por unidades especializadas de Seguridad Pública.
Se reconoce la existencia de violencia institucional, por parte de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo –que revictimiza a las víctimas- así como de instituciones médicas, que no reportan –como lo obliga el marco legal- los casos de violación sexual que atiende.
Se estima pertinente crear una Unidad de Contexto dentro de la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad y facilite la diligente y efectiva investigación de los delitos cometidos en su contra.
afcl
