Más Información
Elementos de la policía estatal y municipal ejecutaron una orden judicial y desalojaron a hoteles asentados a lo largo de un kilómetro de playas de Tulum, en la zona de Punta Piedra, en una acción calificada por hoteleros como “un despojo”, en el que involucran al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Desde las 6 horas de este viernes, camiones de mudanzas, cientos de guardias de seguridad privada, hombres con palos y elementos de la policía municipal de Tulum, junto con actuarios, se presentaron en Punta Piedra para ejecutar la sentencia 326/2016, de un Juzgado de primera instancia radicado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
Personal de los hoteles afectados intentaron resistirse, pero recibieron como respuesta de la fuerza pública, disparos –al aire- y gas lacrimógeno. Los disturbios trastocaron la paz de la zona y asustaron a turistas, de acuerdo con testimonios recabados.
Sujetos con playeras obscuras y la leyenda de “seguridad” arremetieron en contra de inmuebles, forzando las puertas para concretar los despojos de inmuebles y tierras, porque algunos lotes están abandonados.
Pobladores de Tulum y hoteleros afectados comenzaron a solicitar auxilio a través de las redes sociales durante la mañana.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex director de Turismo, Jorge Portilla Manica, confirmó lo ocurrido y explicó que el argumento del pretendido desalojo obedece a la resolución respecto a un juicio oral de arrendamiento, que involucra a 16 hoteles, entre los que mencionó el Coqui-Coqui Tulum Residence & Spa Hotel, el Hotel Parayso, Villas las Estrellas, Chan Cabañita, entre otros.
Por separado, una hotelera narró que detrás del desalojo judicial están en realidad una práctica de despojos –documentada desde hace casi un año- presuntamente orquestada por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien cuenta con fuertes intereses en la zona.
“Sabemos muy bien que debajo de todo esto es una venta que el gobernador hizo, de varios predios de la playa y ahora, antes de irse, no quiere perder el dinero que ya le dieron por esta playa. Son papeles falsos.
“Aquí están diciendo que los ocupantes de los predios no pagaban la renta; usaron la misma artimaña que con la Vitta e Bella, que fue desalojado hace dos semanas; los dueños depositaban la renta al Juzgado, pero luego se presentaron a decir que dejaron de pagar y los echaron. Desgraciadamente aquí hay presiones a los más altos niveles”, dijo.
En la incursión judicial de hoy, hay además predios que fueron invadidos por terceras personas. La empresaria explicó que esas invasiones son promovidas por Borge Angulo, para luego interponer recursos jurídicos, desalojarles, quedarse con los predios y luego venderlos a terceros ya pactados.
Otra de las modalidades, documentada el año pasado, involucra a empresarios de Nuevo León, como José María Garza Ponce e incluso al entonces subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, amigo de Borge Angulo, en una operación en la que interviene también la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, desde donde se armaban juicios laborales por parte de empleados “fabricados”, que demandaban a dueños de terrenos, residencias u hoteles y terminaban siendo favorecidos con inmuebles en zonas de alta plusvalía en Tulum.
jlcg
