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Madrid.— Diego Cruz Alonso, el joven detenido en España acusado de la violación de la menor Daphne Fernández, en Boca del Río, Veracruz, no aceptó ser extraditado a México, por lo que inició la fase legal para realizar ese proceso en contra de su voluntad, y el gobierno de México tiene un plazo de 45 días para sustentar su pedido.
Cruz Alonso se encuentra en prisión incondicional, lo que significa que no puede abandonar la cárcel con fianza ni obtener otro beneficio de ley, y aunque es habitual que quienes esperan extradición gocen de arresto domiciliario, en su caso no aplica porque la pederastia es un delito muy grave y existe riesgo de fuga.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó la prisión incondicional para él y allí continuará a la espera de su proceso.
Si en su primera comparecencia ante el juez, Cruz Alonso hubiera aceptado su extradición, se le habría aplicado el tratado bilateral entre los dos países y en 48 horas podría haber estado en México. Sin embargo, desde el momento en que el acusado no lo consintió, se activó un complejo proceso judicial
y burocrático.
México debe ser notificado formalmente y aportar toda la documentación judicial de la causa en 45 días, que incluye: una identificación del sospechoso, un relato de los hechos con todas las pruebas y testimonios que lo incriminan, la legislación según la cual es acusado, y todo de acuerdo con los estándares internacionales que reconoce el tratado bilateral con España.
Con esta documentación, una sección de tres magistrados de la Audiencia Nacional decidirá sobre la extradición de Diego Cruz, uno de los Porkys, como se le conoce al grupo de cuatro jóvenes que habrían abusado de la joven Daphne el 2 de enero de 2015.
La Fiscalía de Veracruz ha dado a entender que en 45 días el proceso podría estar listo, pero portavoces de la Audiencia Nacional española aseguran que puede que no haya movimientos “en bastante tiempo”.
Cristina Oropeza, encargada de despacho de la Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que Diego Cruz no ha solicitado atención consular y confirmó que se trata de una persona que cuenta con doble nacionalidad.
“Nuestra embajada sí habló con su papá, pero lo que él solicitó fue cómo son los procesos en España”, dijo en entrevista telefónica.
Algunas fuentes explican que es habitual que este tipo de procesos se alarguen por encima de los seis meses.
De ser concedida la extradición, Cruz Alonso podría responder con un recurso de súplica al pleno. Además, la última palabra la tiene el gobierno español. El Consejo de Ministros puede bloquearla si considera que no se cumplen las garantías para el acusado.
Un penalista español especialista en estos casos explica que “no es decisivo que tenga nacionalidad española, porque el derecho español permite extraditar a nacionales bajo ciertas circunstancias para que sean juzgados por delitos cometidos en el extranjero”.
Que se rechace la extradición “no es muy común, pero tampoco infrecuente. Este caso, más allá de que sus circunstancias pueden ser asquerosas, es complejo e interesante técnicamente”, dice el experto.
Las extradiciones de España con México suelen ser fluidas, pero en este caso en específico el proceso podría tardar hasta seis meses.
