La Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo junto a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, anunciaron el inicio de la campaña para recolectar al menos 110 mil firmas que servirán para exigir la legalización de la amapola con fines medicinales ante el Congreso de la Unión, a partir de una iniciativa ciudadana.
La iniciativa, aunque pretende considerar a otros estados de siembra de amapola como Sinaloa, Chiapas, Michoacán y estados que han detectado de cultivos, no tiene un candado de inicio para considerar a la población indígena, y la cosmovisión de los pueblos originarios al respecto de la planta.
En una sala de reuniones del Congreso de la Unión, comisarios de la región serrana del estado de comunidades de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo, Eduardo Neri y San Miguel Totolapan, junto a Silvano Blanco de Aquino y el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, justificaron su petición, entre otras cosas porque en Guerrero se produce el 60% de la amapola cultivada en el país.
Esto, ante la falta de respuesta a nivel local para aprobar la propuesta de la fracción de MC para avalar el cultivo de la amapola para fines medicinales, hecha a mediados de marzo, luego de que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores opinara sobre la puesta en marcha de un programa piloto para la legalización del cultivo.
Ricardo Mejía, quien ha hecho propuestas de coyuntura: la alerta de género en la entidad y la amapola, explicó que la recolección de firmas será en todo el estado; se pretende hacer volantes, al menos dos foros en la región Sierra donde viven más de 50 mil personas, así como en comunidades de otras zonas.
Explicó que el proyecto de que la amapola sea legal para usos medicinales, por la vía ciudadana tiene un antecedente con la “Iniciativa ciudadana ‘Ley 3 de 3’ contra la corrupción” cuya exigencia central es que todo servidor público presente y haga públicas sus declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos.
El artículo 71 de la Constitución otorga a todos los ciudadanos el derecho de presentar directamente al Senado o a la Cámara de Diputados, una iniciativa si obtiene el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores en el país, la cual coteja el Instituto Nacional Electoral (INE) con base a las firmas que deberán ser respaldadas por la serie que cada identificación oficial tiene.
En la reunión estuvieron comisarios de comunidades de la sierra como Ismael Castro Guzmán, presidente de la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo y comisario de Los Morros, comunidad de Leonardo Bravo; Arturo López Torres, secretario de la organización que aglutina a varios pueblos y comisario de Filo de Caballos, otra localidad de ese municipio.
Arturo López Torres, quien participó en el bloqueo del pasado 28 de abril donde hubo 71 detenidos y varios heridos por obstruir las vías federales de comunicación con la petición de legalizar la amapola y que el Ejército cese la fumigación en las comunidades de la Sierra, dijo que en la Sierra hay muchas necesidades y los campesinos deben dejar de “ser los peones de los peones”.
Con la iniciativa ciudadana pretenden “terminar con esa absurda prohibición, hay pobreza, falta de desarrollo para la Sierra”, opinó el diputado Mejía tras decir que hay 18 países, ninguno de Latinoamérica, donde se permiten los cultivos de amapola para la elaboración de opiáceos que sirven principalmente para mitigar el dolor.
López Torres consideró que “ir por la legalización de la amapola nos daría mucho empuje del desarrollo de la región, nos ayudaría bastante con los problemas de muerte, desapariciones, problemas que están deshabitado por la misma delincuencia nos han surgido esos problemas en la Sierra”.
Aunque no sólo en la Sierra se siembra amapola, este primer paso, según explicaron, pretende lograr, en primera instancia, la modificación de la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para evitar su prohibición y luego verán de qué manera los campesinos se pueden blindar de la delincuencia organizada.
Pretenden que el 1 de septiembre cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión tengan las 110 mil firmas; la región Sierra, reveló que tiene una base de 10 mil habitantes que apoyarían con la proposición.
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