Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico y vocero del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ve poco riesgo de que no se cumplan las expectativas ciudadanas de llevar a la cárcel a los “peces gordos” del anterior sexenio, entre ellos el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Negó que la Operación Tornado contra el ex gobernador y 10 ex funcionarios por irregularidades que acumulan 3 mil 600 millones de pesos por el caso de la armadora KIA Motors, sea un “show” mediático. Dijo que en unos días el Ministerio Público girará citatorios para que acudan a la audiencia los aludidos, donde se les notificará la imputación de diversos delitos.
Advirtió que salvo que estén en el hospital, “si no van porque están evadiendo pues va a haber orden de aprehensión, y prisión preventiva, es problema de cada quien”.
En entrevista platicó que cuando fue titular de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública (2003-2009), “le di duro a la lucha contra el crimen organizado, perdí muchos compañeros, sufrí cuatro atentados, pero nada cambió”. Considera que en esta encomienda, “sí puede hacer que las cosas cambien”.
¿Cuál es la diferencia para que ahora sí se castigue la corrupción?
—Primero, que encontramos que sí hay delito porque por más que diga la gente, si no hay delito no puedes inventar”. En el pasado era mediático.
Señaló que a diferencia de otros casos en el país en que sólo pagaron con cárcel funcionarios menores y fueron vistos como “chivos expiatorios”, aquí se están reuniendo pruebas sólidas y abundantes contra los servidores públicos de mayor nivel.
Recordó que como abogado le tocó defender al ex gobernador Sócrates Rizo, que fue obligado a renunciar en abril de 1996, a seis meses de que terminara su gestión y estaba siendo acusado, “pero muy diferente, porque eran cosas que no tienen comparación”, con los señalamientos contra Medina y 10 de sus principales colaboradores.
Del tiempo que tardarían los procesos para que se llegue a la sentencia, afirmó que eso depende de los abogados de los presuntos responsables de uso abusivo del poder y delitos patrimoniales en perjuicio del estado.
En calidad de abogado litigante, opinó que en el desenlace de este caso mucho tiene que ver si es evasión fiscal o lavado de dinero, que no tiene que ver con narco, sino si es dinero ilícito, y si resulta que es dinero de Nuevo León, hay una recuperación para el estado.
Pero si es delito fiscal, no hay recuperación para Nuevo León porque es a nivel federal, tanto en México como en Estados Unidos.
