Activistas demandaron la anulación de la elección a la presidencia municipal de Cancún, debido a los delitos electorales cometidos antes y durante lo que bautizaron como una “jornada despensal” y no electoral, toda vez que afirman que el reparto de despensas y la compra de votos definieron los resultados a favor de Remberto Estrada, militante del Partido Verde (PVEM) y actual alcalde electo.
En conferencia de prensa, Bettina Cetto y Tulio Arroyo, ex integrantes del Consejo Estatal Electoral y del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), convocaron a la ciudadanía a sumarse a un movimiento que incluso podría recurrir a la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), para promover un juicio, invocando el Pacto de San José, que reconoce los derechos políticos como derechos humanos.
“Está documentada, incluso con grabación, la compra y coacción del voto, que fue definitivamente la que hizo posible el triunfo del Partido Verde y digo Partido Verde más que el PRI, porque aunque fueron coaligados, le ganó completamente en votos.
“Promover la nulidad de la elección para ayuntamiento en Benito Juárez es un acto de justicia. La ciudadanía puede tomar acción jurídica también”, explicó Arroyo Marroquín, al exponer que se puede promover un juicio ante la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), de la cual México es firmante desde el 29 de noviembre de 1969.
El artículo 23 de esa convención determina que el voto es libre y secreto, mientras que el 25, obliga a los Estados firmantes a garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales como lo son los derechos político-electorales.
La presunta complicidad del IEQROO
La pareja denunció este miércoles que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), pudo haber obstaculizado el “fraude”, pero se negó, al rechazar la solicitud de la coalición del PAN-PRD y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para evitar que las y los sufragantes ingresaran a la mampara con sus teléfonos celulares.
“La compra del voto tuvo como cómplice al IEQROO, que incluso llegó tan lejos de negarse, mediante un acuerdo, para impedir que metieran los celulares a las mamparas”, reprochó.
El dos de junio –tres días antes de las elecciones- los consejeros del Instituto, por unanimidad, se rehusaron a aprobar el quinto punto del acuerdo IEQROO/CG/A-213-16, que buscaba “prohibir tomar fotos a las boletas marcadas con el voto, dentro de las mamparas, el día de la jornada electoral”.
Con ello, el IEQROO permitió que se violase el principio de que el voto debe ser “libre y secreto”, violando el derecho constitucional de gozar de “lecciones libres, auténticas y periódicas”, contenido en el artículo 41 de la Constitución, lo mismo que el artículo 135 y 46 de la Constitución de Quintana Roo e incluso el artículo 8 de la Ley Electoral del estado, coincidieron Arroyo y Cetto.
El Voto Verde “3de3”
La medida habría impedido concretar la operación en la que líderes del Partido Verde solicitaban a las y los beneficiarios de despensas o a quienes recibirían dinero por su sufragio, tomarle una fotografía a su voto “3de3” y enviarla o mostrarla a las presidentas, vicepresidentas o auxiliares de las llamadas “Casas Amigas”.
El voto “3de3”, promovido por el Partido Verde, consistía en tachar la casilla en donde apareciera el logotipo pevemista con el nombre de Remberto Estrada, para munícipe; de Mauricio Góngora, para gobernador, y para el diputado que correspondiera a su distrito, de acuerdo con el “Manual 5 de junio” entregado en las Casas Amigas.
Arroyo Marroquín mostró una copia de dicho “manual”, en donde aparece toda la explicación, escrita y gráfica, de cómo había que votar e incluso las reglas para hacer valer las fotos.
Los menores de 60 años estaban obligados a tomar la foto de su voto, con el celular; a los mayores de 60 se les pedía solamente mostrar la mancha del dedo, además de la contabilización de los votos verdes por casilla.
La comprobación del voto verde y el pago por éste, se fijó desde las ocho horas. “Se verificará el número de promovidos con el número de votos Verdes por casilla para el pago. Se pagarán todas las fotos de la sección (distrital) adicionales a sus promovidos”, se lee en la copia de ese manual.
La responsabilidad de las presidentas, vicepresidentas y auxiliares fue: “Votar con foto (Sólo de Mauricio Góngora), llevar a TODOS tus promovidos a votar, recopilar fotos para la comprobación y llegar a las metas de tu sección”, se indica.
“El sufragio no es libre ni secreto cuando la foto es un contra recibo para recibir la prestación prometida por el partido contratante, que sabemos que es que Partido Verde Ecologista”, subrayó Tulio Arroyo, quien recordó que desde el 22 de abril de 2015 se solicitó la cancelación del registro nacional a dicho instituto político, precisamente por ser reincidente en delitos electorales graves, entre ellos la compra y coacción del voto.
“El problema es que el INE se ha limitado a multar al PVEM”, añadió Arroyo, quien recordó que debido a que se comprobó la entrega de despensas en Cancún, el partido fue multado por el Tribunal Federal Electoral, con 70 mil pesos, en junio del año pasado.
Para ambos activistas, de permitirse la solidificación de la “red piramidal de compra de votos”, “el futuro de Cancún, no sólo electoral, sino el de su gobierno municipal, estará determinado por un procesos de compra y coacción del voto. Estamos ante un atentado sumamente grave que trasciende lo puramente electoral”.
afcl