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La opinión de especialistas se encuentra dividida en torno a la propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de que regular el cultivo de la amapola con fines médicos, ayudaría a combatir la pobreza de campesinos de la sierra en la entidad, quienes trabajan en la ilegalidad al cultivar la planta.
Sin embargo, coinciden en la necesidad de hacerlo, pues el opiáceo es materia prima para la producción de múltiples medicamentos con base de morfina y México es el principal productor en el continente.
No ayudaría al combate de la pobreza, dijo contundente Alejandro Hope, analista de seguridad. Explicó que dadas las condiciones del mercado global de materias primas derivadas de la amapola, “es casi impensable que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) otorgue a México licencias de exportación”.
Y para consumo interno, argumentó, dejaría a cada uno de los casi 50 mil productores, unos mil 304 pesos al año. “Aún si se multiplicara por cinco o 10 el ingreso por productor, ese giro no saca de la pobreza a nadie”.
Astudillo Flores considera, además, que regular el uso de la amapola con fines médicos, ayudaría a mermar la disputa entre la delincuencia organizada por la siembra de esta planta.
Hope señala que tampoco ayudaría, “con o sin producción legal de adormidera en Guerrero, seguiría existiendo demanda de heroína ilegal en Estados Unidos. En consecuencia, la producción legal complementaría, no sustituiría, a la producción ilegal”.
Catalina Pérez Correa, de la División de Estudios Jurídicos, del CIDE, y Rogelio Gómez Hermosillo, consultor internacional en programas sociales, coinciden que el efecto de regularizar la producción sería marginal; la primera señala que ayudaría si se establecen precios justos, “de otra forma, es posible que la materia prima se siga comprando a precios muy bajos, como sucede hoy. Sin embargo, serviría para que el Estado no siga criminalizando y empobreciendo a estas comunidades”.
Gómez Hermosillo advierte que la regulación no puede modificar demasiado las condiciones de marginación y rezago acumuladas.
El médico Arnoldo Kraus está convencido de que la regulación, basada en principios éticos y de respeto a los productores, sí ayudaría a combatir la pobreza. Los campesinos la siembran ilegalmente, hacerlo bajo normas legales sería benéfico para ellos y para el país. No tendrían que “vender sus vidas” al narcotráfico.
Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la fundación México Unido contra la Delincuencia, ve positiva la regulación, porque es un insumo que se requiere en la industria farmacéutica y se importa de lugares lejanos como Turquía. “Si tenemos el clima y condiciones físicas, es una locura que prefiramos seguir dando espacio y beneficios a la delincuencia”.
La pregunta es: por qué nos hemos tardado en hacerlo, finaliza.
