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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó un documento ante el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito del Poder Judicial de la Federación en favor del ex vocero de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde, durante el proceso de apelación que iniciará su defensa.
El documento pide a la segunda instancia de la dependencia que se considere el contexto de violencia en Michoacán que orilló a los llamados autodefensas a proteger su vida, la de sus familias y sus comunidades de los embates del crimen organizado, además de que en su momento, fueron regularizados por la propia autoridad, tanto estatal como federal.
Según la CEDH, en el escrito presentado se destaca que por ridículo que parezca, en una especie de “capricho” de las autoridades, se decidió que el doctor Mireles Valverde cometió el delito de portación de arma de fuego y por ello está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora.
El comunicado del organismo, menciona que los grupos de autodefensa hicieron en su momento el trabajo que correspondía al Estado ante los secuestros, asesinatos, cobro de cuotas y de “derecho de piso” por prácticamente toda actividad comercial, fuera lícita o ilícita; el despojo de bienes a sus legítimos propietarios, la violación de mujeres; todo ante la incapacidad dolosa y negligente de las autoridades.
La CEDH enfatizó que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes y que se creó para el restablecimiento del orden y la seguridad, regularizó a los autodefensas, con quienes establecían estrategias policiales e “iban de la mano” en los operativos de persecución de los criminales que azotaban la zona de la Tierra Caliente de Michoacán.
“Acudimos ante este tribunal de alzada para que sean analizadas las causas excluyentes de incriminación, pues si el apelante portaba arma de fuego, es evidente que la usaba para salvar su propia vida y la de otros porque en cualquier momento podía encontrarse con criminales que querrían privarlo de la vida.
“Aunado al hecho de que Mireles pensó que su conducta estaba justificada y dentro del marco de la ley, luego de que la Sedena y la Comisión para la Seguridad realizaron el registro de armas, lo que ocasionó que no sólo Mireles Valverde (quien es médico partero, no licenciado) pensara que las autodefensas podían portar armas”; señala el documento presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
