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La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) difundió este martes su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007.
El documento de 957 páginas fue fechado en marzo de 2016 y firmado por José Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno González.
En el texto, la CVO agradeció a los sobrevivientes de los hechos ocurridos en 2006, y señaló que “una sociedad sana y con un mejor bienestar, respetuosa de los derechos humanos, ha sido la consigna de lucha levantada por todos ustedes y que el Estado deberá asumir en todos sus planes y ejercicios económicos, políticos y sociales”.
Bajo el título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, la CVO presentó su informe final que concluye sus trabajos iniciados en noviembre de 2015.
En el documento, la CVO indicó que “el movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca, inició con las demandas del magisterio, luego se fue alimentando de la inconformidad de amplios sectores de la población hasta convertirse en una insurrección en contra de la forma de ejercer el poder por parte del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
"Su administración se caracterizó por la violencia y amenazas contra las personas opuestas a sus planes económicos y políticos, la corrupción y la falta de políticas públicas para enfrentar problemas estructurales como la pobreza y desigualdad, así como el incremento de la marginación y la exclusión de los servicios públicos, la falta de transparencia en el gasto público, el nepotismo, entre otros elementos autoritarios.”
Entre sus conclusiones, la CVO señaló que “el gobierno de Oaxaca hizo uso indebido de la fuerza pública en contra de la población. Se considera también que los mandos superiores, medios y tropa de línea no acataron lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y en la Ley Orgánica de la Policía del Estado de Oaxaca, pero sobre todo al no aplicar los protocolos que garantizaran el respeto a los derechos humanos.
“El Estado violó los siguientes derechos humanos: derecho a la vida, a la integridad, el acceso a la justicia, la presunción de inocencia y acceso al debido proceso. La tortura fue sistemática y generalizada; hubo una frecuencia casi diaria detenciones a la población acompañadas de esta práctica. Tenemos documentado con los testimonios de las víctimas, elementos para presumir que se dieron crímenes de lesa humanidad”.
Por tal motivo, la CVO recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; y la ex Sub Secretaria de Derechos Humanos del Ejecutivo, Rosario Villalobos Rueda, así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública, por presuntos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.
También recomendó a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como a otros funcionarios y ex funcionarios de la Federación, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño.
Asimismo, recomendó al Congreso de Oaxaca iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.
Al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, la Comisión le recomendó realizar las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007.
Al Poder Ejecutivo, la CVO recomendó la reparación del daño a las víctimas y al Poder Legislativo, armonizar la legislación estatal en materia de atención a víctimas y la instalación del Sistema Estatal de Protección a Víctimas, así como una Unidad de Evaluación de Riesgo para las Víctimas.
El pasado 8 de abril, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James L. Carvallo, y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, recibieron el Informe que documenta y denuncia violaciones graves a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007.
Leer informe completo aquí: http://bit.ly/1pZcIzN
afcl
