Más Información
Un elemento del Ejército Mexicano, destacamentado en la Sexta Zona Militar, presunto responsable de secuestrar y violar a dos niñas, de 12 y 14 años de edad, es buscado por agentes de la Policía Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila.
La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Yezka Garza Ramírez, informó que el presunto responsable de haber privado de la libertad y ultrajado a las dos menores de edad, es el castrense, identificado como Gaspar “N” y que durante un operativo policíaco se rescató a ambas víctimas.
Este lunes por la tarde la funcionaria dio a conocer que la PRONNIF abrió una carpeta de investigación por el delito de violación en perjuicio de dos niñas de 12 y 14 años de edad, quienes presuntamente fueron atacadas por el militar durante la madrugada del domingo 15 de mayo.
“La Coordinación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes adscrita a esta Procuraduría recibió una denuncia formal por lo que los elementos de la Policía Investigadora se dieron a la tarea de trabajar en la localización del presunto responsable”, agregó.
Ante dicha situación, la PRONNIF se puso en contacto con las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dependencia que otorgó el apoyo incondicional para le integración de la averiguación y las indagatorias que se espera permitirán ubicar a GASPAR “N”, presunto responsable del delito de violación.
Las dos niñas fueron canalizadas al Centro de Atención a Víctimas y Ofendidos Región Sureste, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se les otorga atención y apoyo psicológico, añadió.
Yezka Garza aclaró que no puede dar a conocer más detalles del caso, para no entorpecer la indagatoria tendiente a fincar responsabilidades al inculpado.
De acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal de Coahuila, la violación se sanciona con 16 años de cárcel, y en este caso se configuran los delitos de privación ilegal de a libertad, amenazas, violación y demás que le resulten el soldado podría enfrentar la justicia civil y una condena de alrededor de 20 ó 25 años de prisión.
