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Organizaciones de abogados demandaron al gobernador Graco Ramírez una audiencia pública para analizar la efectividad de la Policía del Mando Único, al condenar el asesinato del catedrático y abogado penalista Rodolfo García Aragón, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una zona limítrofe entre Tepoztlán y Jiutepec.
Los familiares del abogado reportaron su desaparición el lunes por la noche y la Fiscalía General del Estado (FGE) activó la cédula de localización hasta el martes y un día después su cuerpo fue localizado en un lote baldío de la colonia Tetecolala, al oriente del estado.
El ex procurador de justicia José Luis Urióstegui Salgado aseguró que las políticas públicas del gobierno en materia de seguridad y prevención del delito no están funcionando, por lo que llamó al gobernador a replantear su estrategia de seguridad iniciando con cambios en el gabinete de seguridad, particularmente la salida de Jesús Alberto Capella, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Llamó también a los funcionarios públicos a reconocer el problema grave de inseguridad que padece el estado. Demandaron no criminalizar o revictimizar a los abogados asesinados difundiendo que se trató de una muerte relacionada con los casos que litigaban.
Por su parte el abogado Miguel Ángel Rosete, dio lectura a una solicitud que hicieron al gobernador perredista. Pidieron una audiencia pública en la que los profesionales del derecho junto con su gabinete de seguridad analicen las formas en que el gobierno investiga, persigue el delito y lo previene.
A su vez el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Alejandro Smith, exigió la conformación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, organismo que daría trámite a todas las solicitudes de consulta ciudadana, plebiscito, referéndum y revocación de mandato.
Ex subprocuradores, líderes de organizaciones de abogados y amigos del abogado Rodolfo García Aragón, depositaron una corona en la ofrenda de las víctimas ubicada a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo.
Ahí recordaron que han sido 15 litigantes asesinados en los tres años que va del gobierno perredista, y acusaron que la Fiscalía genera impunidad al no detener en ningún caso a los responsables del delito.
msl
