El gobierno de Puebla decomisó propaganda electoral presuntamente del PRI en la que se criticaban las obras y acciones de la actual administración panista.
A través de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se realizó un cateo de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, donde aseguraron “mercancía ilícita en dicho domicilio”.
Se trató de decenas de panfletos en los que se denunciaba que el Gobierno estatal habría adquirido tractores a un precio y entregado a un costo mayor a los campesinos.
“El gobierno panista se burló de los campesinos. En el mercado costaban 54.000.00 y nos hicieron firmar por 128.000.00. triplicaron el precio de artefactos que nunca sirvieron”, decía la propaganda.
La Fiscalía detalló que el cateo y aseguramiento de la propaganda fue en seguimiento de la averiguación previa número 559/2016/RV-II/RVPUE de la Dirección General de Investigación de Robo de Vehículos, aunque no se precisa quien presentó la querella o cómo se inició la misma.
Detalló que el Ministerio Público, con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación y de las Secretarias de Seguridad Pública Estatal y Municipal, cumplimentó la orden de cateo expedida por la autoridad judicial, en el domicilio ubicado en Nicolás Bravo 28.
A través de un comunicado de prensa se informó que en dicho lugar se localizaron 24 tarimas emplayadas de propaganda electoral “cuyo origen se presume ilícito, tanto por el contenido como las condiciones de su localización, así como 90 cajas de propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional”.
Ante este hecho, la dependencia informó que el producto fue asegurado y remitido a sus instalaciones, en tanto se acredita su legítima propiedad y el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley Electoral, en particular lo dispuesto por el artículo 7, fracción XXI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Finalmente, ante el resultado derivado de la diligencia de cateo, el Ministerio Público dará vista al Organismo Público Local Electoral y al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de las respectivas atribuciones en materia de fiscalización y sanción.
msl