La Paz.— La ex alcaldesa de La Paz, hoy diputada federal por el PRI, Esthela Ponce Beltrán, y 12 ex funcionarios más fueron acusados de presuntas irregularidades y operaciones indebidas por más de mil 400 millones de pesos.
En sesión de cabildo se informó que luego de una auditoría forense realizada por la Contraloría municipal se encontró que durante los cuatro años de la pasada administración priísta, que incluyó a dos presidentes municipales (luego de que Ponce Beltrán decidiera contender por la gubernatura del estado el año pasado), se habrían cometido diversas irregularidades, entre las cuales detallaron operaciones fiscales indebidas, desvío de recursos y aportaciones y erogaciones improcedentes.
Además, detalló el secretario general del ayuntamiento, Isidro Ibarra Morales, se encontraron evidencias de traspasos indebidos, simulación de operaciones fiscales, adjudicaciones indebidas de contratos, endeudamiento con contratistas, sustracción de bienes muebles, obras no ejecutadas, recursos retenidos y no transferidos, la desafectación y comercialización irregular de 78 terrenos considerados áreas de donación, entre otros.
Por otra parte, se detectó que la deuda pública aumentó 230% durante los cuatro años de la administración anterior, pues pasó de 303 millones a cerca de mil millones de pesos.
Subrayó que el gobierno federal destinó recursos para la construcción de un Mercado de Productores de La Paz en el ejercicio fiscal 2013 por 8 millones 517 mil pesos; sin embargo, la obra no se construyó y los recursos se destinaron para gasto corriente y para la realización del Carnaval La Paz 2014.
Informó que la pasada administración pretendía construir una fuente danzante en un conocido parque de la ciudad y se recibieron recursos federales por 11 millones de pesos para dicho fin, pero tampoco se construyó.
También se expuso que en 2013, la administración encabezada por Esthela Ponce obtuvo un préstamo bancario por 150 millones de pesos que tendrían que haber sido destinados para inversión pública productiva, pero se identificó un desvío de 119 millones 654 mil pesos destinados para otros rubros.
Se detectó que se recibieron recursos federales provenientes del Conacyt por el orden de los 24 millones de pesos y de Sedesol, por el orden de los 25 millones de pesos, en ambos casos se adjudicaron sin licitación previa.
El cabildo actual, de mayoría panista, aprobó ejercer acción legal en contra de los ex funcionarios coludidos, sólo con el voto en contra de la regidora del PRI, Rosalva Tamayo, quien acusó “linchamiento político”, determinaron solicitar juicio político en su contra.