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L os dos sostienen con fuerza las imágenes de sus hijos. En sus ojos es evidente la tristeza que les embarga el corazón, pero cuando sueltan las palabras, el coraje y el rencor también afloran por todo su ser.
“Si supiéramos que fue la delincuencia la que lo correteó, lo levantó y lo desapareció seguro sería otro mi sentir, pero no, fue la propia autoridad”, afirma con lágrimas corriendo en sus mejillas la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel Pérez, de 19 años de edad.
En una humilde vivienda de las colonias de la periferia de la cabecera municipal indígena y turística de Papantla, su lucha por encontrar a sus hijos va aparejada en exigir castigo a los responsables y denunciar la omisión del alcalde perredista, Marcos Romero Sánchez, que dejó operar a efectivos que habían reprobado los exámenes de confiabilidad.
“A los que de veras deben agarrar no lo hacen, pobres chamacos, dijeran llevaban armas, esos mismos policías son rateros, pero profesionales porque tienen licencia, charola, el uniforme y la pistola”, dice con coraje don Humberto Morales, padre de Luis Humberto Morales Santiago, de 18 años.
Ambos son los jefes de familia de dos de los tres desaparecidos el 19 de marzo en Papantla a manos de efectivos de la policía de ese municipio gobernado por el PRD.
La misma corporación sigue brindando “seguridad” a esta región, pero ahora lo hacen en compañía de efectivos de la policía estatal y de la fuerza civil, quienes refuerzan la vigilancia.
De los 180 agentes con los que contaba dicha policía, ocho fueron detenidos por su participación en la detención de los tres jóvenes y 37 finalmente dados de baja por no haber pasado los exámenes de confianza.
Por las calles del lugar se observan los rondines de los policías, siempre en grupos de tres: municipales, fuerza civil y de la policía estatal, esta última involucrada a principios de año en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado derivaron en la detención del jefe policiaco y de siete agentes municipales más; hay al menos dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar igual contra servidores públicos.
Según el expediente de investigación, los oficiales entregaron a los jóvenes al Cártel Jalisco Nueva Generación que llegó a la zona para disputar la plaza a Los Zetas.
Los padres conocieron del expediente que sus hijos viajaban en un automóvil con reporte de robo con violencia, pero eso —afirman— no era excusa para desaparecerlos.
Los rostros de los desaparecidos. Alberto Uriel es un joven que dejó de estudiar, pero trabajaba en todo lo que pudiera. A veces tomaba el taxi que conducía su padre, Alberto Pérez, o se iba a trabajar de albañil, a echar colado, aunque últimamente se ganaba unos pesos como mototortillero.
A veces —relatan sus padres— tomaba bebidas embriagantes y se echaba su churro de mariguana.
Cuando la señora Blanca Ninfa, de 42 años, llega al lugar de la entrevista, se le ve fuerte, firme, entera. Su voz se escucha sin titubeos, pero esa fortaleza sólo dura unos cuantos minutos, tiempo en que dice el nombre de su hijo, Alberto Uriel.
“Es desesperante porque ya pasó mucho tiempo y no se sabe nada, los policías detenidos se reservan el derecho a declarar y en la fiscalía dicen que no los pueden violentar, pero la desesperación es horrible”, agrega.
A las afueras del cuarto de Alberto Uriel, que contiene pintas como una letra Z, su madre confiesa que en ocasiones tiene mucha esperanza de encontrarlo con vida, pero a las pocas horas se derrumba esa posibilidad.
“Han sido muchos anteriormente que se encuentran muertos, torturados y algunos sólo desaparecen y nadie dice nada por miedo”, acusa.
Llama a la sociedad de Papantla a abandonar el miedo y levantar la voz, porque “no podemos seguir así, levantemos la voz si no cómo vamos a seguir, qué seguridad le vamos a dejar a nuestros hijos si ellos están viendo que nosotros somos así”.
Luis Humberto, de 18 años, trabajaba como albañil y nunca —dice su padre Humberto Morales— “rezongó ni me alzó la mano”.
“Mi hijo era tranquilo, no se metía con nadie”, insiste una y otra vez para no dejar dudas.
Confiesa que la ha pasado “bien mal” desde hace 16 días, pero al final se sabrá qué ocurrió con los jóvenes, pues “Papantla es pueblo chico y chisme grande, por eso se sabe todo”.
Agarra con más fuerza la arrugada bolsa de plástico en la que guarda al menos 10 fotografías de su muchacho y antes de concluir recrimina: “Cómo es posible que tengan a esos policías trabajando y que según no pasaron exámenes de confiabilidad”.
Al alcalde perredista se le ve en la plaza principal de Papantla y cuando se le busca para que hable de la desaparición de los tres jóvenes, monta en cólera y encara a su interlocutor: “Eso ya pasó…”.
