Desde hace un año dos integrantes del Patronato Pro Mejoramiento de los Servicios Turísticos en la península de las playas Caleta, Caletilla y Roqueta: el presidente, Javier Nava y su apoderada legal, Glafira Pineda, enfrentan en la justicia de Guerrero un caso de desahucio, tiempo en el que han sido asesinados dos miembros de su equipo laboral; ambos han sido amenazados y temen por su integridad.
Forman parte del grupo de propietarios que ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ser blanco de la delincuencia organizada ante el aumento de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones en Acapulco. Su situación la conoce, además del Poder Judicial del estado, la Procuraduría General de la República (PGR), la Octava Región Naval, el Ejército, autoridades municipales; incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Acapulco está hecho pedazos”, suelta la empresaria Glafira Pineda quien ha sido agredida física y verbalmente por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, a quien según lo que conocen por redes sociales, “se le involucra con el crimen”, y pretende despojar a su representado de tres propiedades de un valor aproximado de 8 millones de pesos.
En entrevista, narra que ésta no es una historia particular, sino un “calvario” que viven muchos empresarios que han tenido que irse de Acapulco, ante el acoso de supuestos miembros del crimen organizado.
En Guerrero, Pérez Zárate es además amigo del gobernador, Héctor Astudillo Flores, según él mismo presume, así como de varios políticos y el titular del Poder Judicial, Robespierre Robles.
Además del juicio de desahucio 363/2015-II —que promovió en representación de Bertha Calleja Garibay— contra Jacqueline Isabel Zapata Castro y Eva Castro Ortiz, esposa y suegra del abogado que la amenazó, autoridades judiciales saben de las averiguaciones previas por amenazas TAB/BAH/02/
0107/2016.
También por los homicidios dolosos de la administradora de las casas en pleito, María Zambrano, ocurrido el 6 de agosto de 2015 y del abogado que contrató para el juicio de desahucio, Marcelino Pérez Mariche, el 24 de febrero pasado.
Tanto Glafira Pineda como el empresario Javier Nava acudieron a la CNDH a exponer que previo al asesinato de Zambrano y de Pérez Mariche, ambos habían denunciado amenazas directas de Pérez Zárate, cuyo nombre ha aparecido en varias mantas presuntamente elaboradas por la delincuencia organizada y que lo relacionan con el Cártel Independiente de Acapulco.
Zárate negó ser parte de algún grupo criminal desde 2014 y culpó al entonces gobernador Rogelio Ortega, y al ex secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado de estar involucrados en la colocación de la manta.
“Es importante destacar que el contenido del documento suscrito por el Mtro. Alfredo Pérez Zárate, en su carácter de presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, AC, no se sustenta en hechos objetivos o documentos que demuestren lo señalado, sino que forma parte de una serie de descalificaciones y denostaciones”, contestó la anterior administración en un comunicado.
Las acusaciones contra el penalista lo involucran con la defensa de presuntos delincuentes del cártel que dirigía antes de su detención Víctor Aguirre.
Los empresarios pidieron al gobernador una audiencia, pero no han tenido respuesta; ni del edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez.
“Siendo usted representante jurídico en el estado, ¿dónde está usted?, aplique sus conocimientos y capacidad en el marco de la ley y resuelva los asuntos legales que están en sus manos”, solicitó Pineda al gobernador días antes de ser golpeada en el domicilio, al parecer, por continuar con el juicio de desahucio, explicó.
“Acapulco está secuestrado por el crimen organizado”. No hay una sola actividad que se pueda hacer sin el consentimiento de grupos de no autorizados o al menos es lo que parece.
Javier Nava Calleja lo sabe mejor que nadie. Por medio de su administradora, la señora Zambrano rentó una de las casas en el fraccionamiento Horacio Nelson 15C del fraccionamiento Costa Azul. No tuvo problemas hasta abril del año pasado cuando su propiedad 15B fue invadida por Zárate sin pagarle.
El empresario se reunió el 22 de mayo de 2015 con Zárate, quien lo amenazó; le “dijo que tenía métodos rudos”, que se iba a apoderar de las tres viviendas para “casas de seguridad privada”. En abril de ese año, María Eugenia Zambrano, una viuda de 70 años, fue golpeada por previa amenaza del abogado la cual fue denunciada ante la FGE; en agosto de 2015 fue asesinada.
En su cuenta de Facebook, María Zambrano le envió un mensaje a Astudillo Flores meses antes de ser asesinada, para advertir que corría peligro y responsabilizaba a Pérez Zárate de esos hechos. Denunció el hecho ante el Ministerio Público de Costa Azul, donde están las viviendas que son propiedad de su madre, Bertha Calleja.
Allí, a su apoderada legal le dijeron: “No sabes con quién te estás metiendo”, y recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, pero no procedió la queja. “Era un asunto personal”.
Aunque él y Pineda tienen líneas directas con la Policía Federal y el Ejército temen por sus vidas, por eso quieren que su caso se lleve fuera de Guerrero, “porque no son lo más importante las casas, sino la posibilidad que tiene alguien relacionado con la delincuencia de hacer lo que quiere en contubernio con más autoridades”, opina Pineda.
La preocupación aumenta porque el juicio continúa y su actual defensor, Gerardo Martínez, fue amenazado, de lo cual interpuso la denuncia: TAB/BAH/02/0107/2-16. Allí manifiesta que le llamó: “Una persona que dijo ser Alfredo Pérez Zárate para decirme: ‘Tira ese asunto de desahucio de la señora Bertha Calleja Garibay, te están engañando, Glafira está pendeja, de lo contrario atente a las consecuencias, no te vaya a pasar lo de Marcelino’”, se lee en el documento.
El 17 de julio, días antes de su muerte y ya electo Astudillo Flores, Zambrano colocó: “Felicidades. Yo fui víctima de violencia el 29 de abril, por el Lic. Alfredo Pérez Zárate él tiene desde hace un año en renta la casa 15C, yo frente 15B, y resulta que amenazó al dueño que le da 7 días para desocupar las casas ya que él tiene hasta una notaría que le hace todo para ser el dueño de las tres casas ya que él tiene todo el poder para hacerlo, ALERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE, YO TENGO 70 años, viuda, y vivo sola, si conmigo actuó así, qué nos espera, a todos los de Guerrero”. Contesta el gobernador, Héctor Astudillo: “Buenos días, listos para seguir en la ruta de la reconciliación”.
Los empresarios piden justicia y una investigación exhaustiva, porque, aseguran, mucha gente no denuncia por miedo; saben de casos similares.