El Ayuntamiento de esta capital interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los daños causados a la centenaria Estatua de la Libertad, durante los enfrentamientos entre policías y tzotziles del municipio de Chenalhó, la noche del pasado martes.
Esa noche, desconocidos vandalizaron y arrancaron los brazos a la estructura de mármol.
La Estatua de La Libertad es una pieza de 1.85 metros, asentada sobre un pedestal, ubicada en el zócalo, que fue donada en 1910 al pueblo y al gobierno de Chiapas por el presidente Porfirio Díaz con motivo de la conmemoración del centenario de la Independencia de México.
La obra representa a una mujer del periodo clásico griego, con los brazos abiertos y en las manos unas cadenas rotas. Es considerada un patrimonio histórico-cultural de Chiapas y uno de los símbolos de Tuxtla Gutiérrez.
La efigie de 106 años de antigüedad fue construida en Francia con mármol blanco de la región de Carrara.
De las 27 estatuas que fueron obsequiadas por Porfirio Díaz a igual número de entidades federativas, sólo se conservan las de Chiapas y Querétaro.
Ayer, integrantes de la Fundación Fernando Castañón Gamboa- Pro Museo de la Ciudad hallaron al pie de la estatua los dos antebrazos rotos que entregaron para su resguardo a las autoridades del gobierno local.
Uno de los integrantes de dicha fundación, el arquitecto Joseliny Omar Díaz Torres explicó que la estatua conmemorativa es una obra histórica que evoca los ideales de la libertad, la autonomía y la independencia en el proceso constitutivo del Estado mexicano.
Y que, dado el valor emblemático de la obra su restauración sólo podrían realizarla especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el material y modelo originales.
El director general del Instituto Cultural Tuxtleco, Carlos Vázquez, comentó que la estatua será restaurada aunque el trabajo será “complicado y de probable sustitución de algunas piezas”.
La noche del pasado martes, policías y tzotziles de Chenalhó se enfrentaron en un área del centro citadino durante el desalojo del Congreso Estatal, donde los indígenas retenían a más de 200 personas, en su exigencia de renuncia de la alcaldesa de ese municipio Rosa Pérez Pérez.
El choque dejó siete policías lesionados, 42 detenidos y varios comercios y automóviles dañados.
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