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La dirigencia del magisterio federalizado en Chiapas acusó al gobierno federal de mantener como “rehenes” a los 18 maestros detenidos ayer durante las protestas contra la reforma educativa y trasladados esta mañana a un centro penitenciario de Nayarit.
Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la Sección 7 denunció además que más de “mil policías federales” se apostan alrededor del edificio sindical, en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, presuntamente, para “ detener a más profesores”.
Precisó que de los 22 detenidos, 18 docentes, acusados de ataques a las vías de comunicación y daños, entre otros delitos, fueron trasladados a Nayarit, en tanto que los cuatro restantes que no están relacionados con el magisterio se encuentran en esta capital.
Otro maestro, detenido en San Cristóbal de las Casas, presuntamente también continúa en Tuxtla Gutiérrez, pues se notificó a sus familiares que podrían visitarlo, “aunque no existe la certeza de que no se lo hayan llevado”, advirtió Mendoza Vázquez.
El entrevistado afirmó que el traslado de maestros a Nayarit es “ una franca provocación del Estado hacia los trabajadores de la educación; es la aplicación del terrorismo de Estado en contra del magisterio, es una represión inaudita por la lucha de sus demandas”.
El gobierno federal, enfatizó, quiere tener más rehenes para tratar de socavar y quebrar la lucha de los trabajadores en contra de la mal llamada reforma educativa, de la defensa de la educación pública, de la libertad de presos políticos y por la reinstalación de más de cinco mil compañeros cesados.
Ante ello, la dirigencia magisterial exige la apertura de una mesa de diálogo para liberar a los detenidos, “pero nadie contesta, hay una cerrazón”, aseveró.
Pero, además según información recibida, “ayer fueron liberadas alrededor de 300 órdenes de aprehensión en contra de maestros, adicionales a las más de 30 libradas en meses y años anteriores en contra de dirigentes”, las cuales, dijo, corroborarán, para “no caer en confusiones, en temor ni en juego del Estado”.
Manuel de Jesús Mendoza acusó que la presencia policíaca en torno al inmueble magisterial es violatoria de derechos humanos y a la Constitución, porque “no nos permiten reunirnos para discutir cómo lograr la liberación de nuestros compañeros”.
Otros contingentes policíacos resguardan los accesos del palacio del gobierno estatal y los alrededores del zócalo de la capital chiapaneca.
