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El Congreso de Baja California está compuesto por 25 diputados, quienes reciben, entre otros beneficios, un ingreso neto de 68 mil 408 pesos, un apoyo mensual de 69 mil pesos para la renta y servicios de módulos de atención ciudadana, además de que cada uno tiene asignado un secretario técnico, que funge como enlace con el secretario técnico de las comisiones.
Los diputados de la 21 Legislatura local, que ocupan el lugar número tres —debaj o de Guanajuato y Sinaloa—, como los mejor pagados del país, refieren que no se les asignan teléfonos celulares, automóviles o computadora, pero, disponen de hasta 10 mil 500 pesos semanales para viáticos locales no comprobables.
Para el Presupuesto de Egresos de 2015 el Congreso local dispuso de 13 millones 700 mil 731 pesos para viáticos en el país; 299 mil 988 pesos para hospedajes en el país y 84 mil 873 pesos para renta de vehículos en el país. El Congreso de Baja California está conformado por siete diputados del PAN, siete del PRI, dos del Panal, dos de Movimiento Ciudadano, dos del PT, dos del Partido Estatal de Baja California, uno del PVEM y uno de Encuentro Social.
Durante la 20 Legislatura (2010-2013), los diputados multiplicaron su presupuesto, lo que provocó las críticas de la ciudadanía. En campaña algunos candidatos, principalmente los panistas, prometieron que si llegaban al Congreso se bajarían el salario y los gastos correspondientes a los beneficios.
Así, los integrantes de la 21 Legislatura, al inicio de su gestión, el 1 de octubre de 2013, como un acto de empatía con la ciudadanía, anunciaron que implementarían una nueva política de austeridad que consistiría en bajar su sueldo 20 mil pesos y sus gastos serían totalmente transparentes.
Acordaron que el anuncio lo haría Cuauhtémoc Cardona, del Partido Acción Nacional (PAN), quien encabeza a la fecha la Comisión de Transparencia. Dos años después, la promesa de los entonces candidatos quedó en el olvido.
El pasado 23 de noviembre del 2015, EL UNIVERSAL realizó una solicitud de transparencia al Congreso local, en la que requería la información referente a los gastos de los diputados en sus comisiones en territorio nacional, y la respuesta fue que no están obligados a transparentar sus gastos.
Explicaron que de acuerdo con un documento denominado Políticas de Operación Administrativa del Poder Legislativo del Estado de Baja California, los gastos dentro de territorio nacional no tienen carácter de comprobables. Es decir, consideran que a pesar de que sus gastos se cubren con el dinero de la ciudadanía, no es necesario comprobar o presentar facturas de lo que gastan en sus actividades en el estado, así como en el resto de la República Mexicana.
Sin embargo, al consultar el apartado número 11 de dicho documento, si bien especifica que los diputados no están obligados a comprobar gastos en el estado, no existe una cláusula que los exima de hacerlo fuera de Baja California. Al preguntar directamente al coordinador de la Unidad de Transparencia del Congreso de Baja California, Carlos Alberto
Sandoval Avilés, sobre la respuesta que indica que no están obligados a entregar la información, reconoció que tal vez pudo equivocarse en la respuesta.
Lo que sí reiteraron, es que los legisladores bajacalifornianos, apoyados en un documento de operación, no tienen por qué rendir cuenta a los ciudadanos, pues no consideran que los viajes hechos en comisiones dentro del estado que representan deban comprobarse. Al respecto, EL UNIVERSAL presentó un recurso de revisión que actualmente se encuentra en proceso.
Beneficios por ser fronterizos. Baja California, por su condición de estado fronterizo y, a diferencia de otros estados de la República Mexicana, se destinan recursos a la creación de comisiones como la de Asuntos Fronterizos. También se trabaja en 13 comisiones ordinarias.
Respecto al sueldo de los legisladores, reciben una dieta por la cantidad de 93 mil 655.73 pesos, sin embargo, según el área de trasparencia se les descuentan 25 mil 242.93 pesos, lo que representa un ingreso neto de 68 mil
408 pesos.
Además, para la realización de su trabajo reciben un apoyo mensual de 69 mil pesos, con los cuales se contrata espacios para la renta de los módulos de atención ciudadana.
