El video donde aparece un canadiense sexagenario besando a una niña de tres años frente a policías federales de la Gendarmería y a su papá, indignó a la ciudadanía. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales y realizada por un señor, destapó que en Guerrero el abuso infantil no es considerado delito grave.
Por años, el puerto ha sido receptor de turistas extranjeros, sobre todo canadienses jubilados, en los meses de noviembre a febrero, estiman autoridades municipales.
Walter Zuk, un herrero de Otawa, confesó que viene desde hace cuatro años al puerto y no es la primera vez que besa a una menor. Les da dulces, chocolates, dinero, y en el caso que se hizo público, 300 pesos a los papás, “y ellos felices”, dijo.
El domingo pasado fue detenido y el miércoles declaró ante el juez. El fiscal general del estado, Xavier Olea, solicitó a la juez Quinto Penal que le niegue libertad bajo fianza, aunque se le acreditaron los delitos de corrupción de menores y abuso sexual no considerados graves en el código penal.
Pero este caso no es único. Los turistas se colocan en puntos estratégicos para intercambiar dulces, dinero, droga a niños desde seis y hasta 14 años, calcula un prestador de servicios del área de la Condesa, donde se encuentran los puntos considerados rojos, como el bulevar Vicente Guerrero que divide las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, a la periferia o el Zócalo, entre otras zonas del malecón.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, organización que ha seguido el tema de trata infantil, pederastia y abuso infantil en México y otros países, criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) trate el tema, en el caso del canadiense, como abuso cuando por las características se puede fundamentar en su totalidad el delito de trata de personas.
“Es el desconocimiento de la existencia y el respeto a la Ley General de Trata (General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos), a la propia Constitución (de la FGE)”, explicó la activista.
“No es un caso aislado”. Aseguró que el caso del canadiense no es el único registrado en Acapulco al igual que en Veracruz, Tijuana, Cancún y Puerto Vallarta, considerados focos rojos en cuanto al turismo sexual para su organización, pero el puerto “se ha convertido en la ciudad con más alta incidencia de este delito en el país, ya que por lo menos 2 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente para cubrir la demanda de turistas nacionales y extranjeros”.
El tema se mantiene con mucho sigilo dentro del DIF-Acapulco, donde hay dos albergues de tiempo completo en atención de niños en situación de vulnerabilidad. En la Villa de las Niñas atienden a 42 y en Villa de los Niños a 18. En ninguno de los casos, asegura el director del organismo, Heriberto Noriega Cantú, han detectado abuso infantil o trata de personas.
Noriega pidió la custodia de la niña al considerar peligroso que sus papás de origen me’phaa (tlapaneco) se quedaran con ella, porque consintieron la actuación del canadiense y admitieron conocerlo.
Considera que la querella presentada por parte de la mamá es resultado de la presión social por el video.
El artículo 185 del Código Penal de Guerrero indica que: “Acoso sexual: A quien con fines o móviles lascivos asedie reiteradamente a otra persona con la que no exista relación de subordinación, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de 50 a 200 días de multa”.
El artículo 186 “Acoso sexual a personas menores de edad: A quien realice los actos previstos en el artículo anterior con una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 100 a 400 días de multa”. Aunque el canadiense no quedara en libertad bajo fianza, la pena máxima por el delito de abuso sería de ocho años.
En el Congreso del estado la fracción del PRD, la segunda fuerza al interior del recinto, propuso homologar el Código Penal. “Va en dos vertientes, homologar el código federal al local con un capítulo completo para tipificar la pederastia como un delito grave.
“Le dará el rango del abuso a menores como violación para poder fijar penalidades más severas, irá un apartado que contempla condenas para los padres”, explicó la perredista María del Carmen Cabrera, vocal de la comisión por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que nunca ha sesionado desde que inició la legis-
latura en septiembre de 2015.