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Casi una centena de ciudadanas de Cancún acompañadas de 13 organizaciones y colectivos de mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer, demandaron la inclusión de 16 acciones que la Conavim debería incluir en el informe que emitirá a manera de recomendaciones al gobierno de Quintana Roo, con relación a la Alerta de Violencia de Género, solicitada en diciembre pasado.
“Conmemoramos este Día Internacional de la Mujer como lo hicieron las primeras sufragistas, exigiendo nuestros derechos (…) Quienes suscribimos este documento, no esperamos del resolutivo del Grupo de Trabajo para el análisis de la Alerta de Género en Quintana Roo, nada menos que los puntos enunciados.
“Consideramos que las observaciones al estado deben poner punto final a la violencia institucional expresada en omisiones, descuidos, ausencias y poca transparencia en el ejercicio de recursos, nos comprometemos a colaborar y dar seguimiento en el cumplimiento de las observaciones del resolutivo final”, se lee en el pronunciamiento.
El texto incluye como contexto cifras que demuestran la magnitud de la violencia que padece Quintana Roo, con más de 150 mujeres asesinadas desde 2012, sin que ningún caso se haya consignado como feminicidio aunque reúna uno o varios de los tipos penales contemplados en el Código Penal del estado; 269 jóvenes desaparecidas y el primer lugar nacional en casos de violación sexual.
Entre los puntos demandados por las organizaciones civiles y la ciudadanía firmante, se exige que el grupo de trabajo pida al gobierno estatal, investigar con perspectiva de género y respeto a los Derechos Humanos de las víctimas, los asesinatos de mujeres y los casos de violencia que, en sus diferentes tipos y modalidades, sufren cotidianamente.
Se requiere al gobierno del estado que haga público el instrumento legal, la instancia y la fecha en la que se aprobó el Protocolo para investigar Feminicidios, así como que el proceso de juicio de los asesinatos de mujeres se desarrollen y resuelvan conforme a dicho procedimiento, si es que existe.
“La inmediata puesta en marcha del Centro de Justicia para Mujeres, con presupuesto anual, personal permanente y especializado en la atención a mujeres, así como un refugio de alta seguridad en el norte del estado para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos”, se lee.
Se pide también que los crímenes y casos de violencia sean resueltos de forma objetiva, a favor de los procesos que protejan a las víctimas, sin dejarse amedrentar por las posiciones del poder.
El texto fue firmado por asociaciones civiles como el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo; Servicio, Educación, Sexualidad y Salud (Seedssa); el Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y Desarrollo; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, capitulo Cancún; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, sede Quintana Roo (DdeserQR), Círculo Social Igualitario; el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM-Cancún); Red Positiva; Proyecto Hombre del Caribe; la Universidad Cooperativa de Innovación Comunitaria, Fundadores de Cancún, Relaciones sin Violencia, Huellas de Pan y 75 mujeres y hombres.
El documento será enviado por el Consejo Estatal de Mujeres –como peticionarias de la Alerta de Violencia de Género (AVG)– al Grupo de Trabajo encabezado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que sea integrado como parte de las observaciones que habrán de hacerse al gobierno del estado.
Se solicita la presencia permanente del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres (PAIMEF) en todos los municipios, para atender la violencia contra la mujer.
Con base en la Ley de Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, se solicita que se presenten ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a funcionarios y funcionarias que han incumplido sus obligaciones y con ello obstaculizado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Que se establezca como requisito para ser servidora o servidor público municipal y estatal, poseer una certificación en Perspectiva de Género; también, la armonización de la legislación, apegada a las convenciones internacionales, con criterios de protección a víctimas.
El décimo punto expuesto es que se haga una observación dirigida al Congreso del estado por omisiones en el caso de la Ley de Trata y de Defensores de Derechos Humanos.
Que se disponga de presupuestos estatales para Salud, Educación y Justicia, que permitan contar con el personal capacitado y suficiente, así como los materiales y espacios indispensables para la prevención y atención de la violencia y la sanción de los delitos.
Lo mismo a nivel municipal, con presupuestos etiquetados para la atención de la violencia; el fortalecimiento del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar (GEAVI), la creación y operación de centros comunitarios con actividades para la atención a la violencia contra las mujeres e infantes.
Que se transparenten los mecanismos para que las mujeres -que lo deseen y en los supuestos permitidos por la ley- sepan y puedan tener acceso a la interrupción legal del embarazo, asistidas por servicios integrales y que se asignen recursos municipales para la creación y funcionamiento de instancias para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
msl
