Más Información
A raíz de la masacre en el penal del Topo Chico, ayer fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra 12 reos, por la muerte de 48 internos, ya que la víctima 49, Guadalupe Armando Graciano Hernández, falleció a consecuencia de disparos de arma de fuego de un custodio.
La audiencia de acusación se realizó en privado, dada la peligrosidad de los procesados, a quienes se les imputaron los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.
A ocho días de la matanza, que se registró entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero, quedaron vinculados a proceso y en prisión preventiva la ex directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles, y el ex comisario en jefe de la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, a quienes se les imputan los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Arturo Bernal González, ex subdirector del centro de reclusión de Topo Chico, también fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
En tanto, a José Reyes Hernández Aguilar, quien fungía como custodio del reclusorio, previamente se le había decretado el auto de vinculación por el delito de homicidio calificado en contra del interno Guadalupe Armando Graciano Hernández.
El 22 de febrero, el gobierno estatal informó que la ex directora del penal, Gregoria Salazar, fue trasladada al reclusorio femenil número 16 de Morelos, mientras Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, fue llevado al penal federal de Nayarit.
De acuerdo con el expediente, los 12 reos presuntamente responsables formaban parte del grupo liderado por Juan Pedro Saldívar, El Z-27, que atacó y dio muerte a presos de la banda rival comandada por Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo.
Ambos líderes criminales están vinculados al grupo del crimen organizado Los Zetas, quienes se disputaban el control del penal. Por los hechos fueron trasladados 233 internos a otros centros penitenciarios del país, incluidos El Z-27 y El Credo.
El control del penal quedó en poder fuerzas estatales y federales mientras se regularizaba la situación.
Los días subsecuentes, el gobierno del estado permitió la entrada a esta cárcel a representantes de la iniciativa privada y de medios de comunicación, para mostrar que el lugar se encontraba bajo control.
Sin embargo, el pasado martes, en un operativo sorpresa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encontró en el lugar más de 142 mil pesos, cuatro puntas metálicas y un celular, por lo que abrió una averiguación previa.
Elementos de fuerza civil y custodios penitenciarios hallaron dos bolsas y un envoltorio con el dinero, gran parte del efectivo se encontraba en el interior de la capilla del penal.
