El fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aclaró que no es un asunto de falta de “sensibilidad” de su parte el no aceptar videos y audios como pruebas de la presunta violación de una menor de edad a manos de cuatro jóvenes del puerto de Veracruz.
“No descalifico la validez de estos videos y audios porque yo sea un insensible, sino porque soy fiscal y debo opinar conforme a Derecho”, dejó en claro en torno al caso de Daphne Fernández, la menor de edad que en enero del 2015 fue atacada sexualmente por jóvenes a quienes las redes sociales llaman "Los Porkys de Costa de Oro"..
El padre de la menor, presentó este mes videos de los supuestos atacantes en los que piden perdón a la joven y audios donde los padres de los implicados también hablan del caso.
El funcionario estatal, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en México, en la cual determinó que eran “ilegales” los videos o audios obtenidos fuera de la investigación.
Debido a que se integraron a la investigación ministerial videos obtenidos fuera de la propia causa penal, los magistrados determinaron liberar a la francesa, a pesar que había pruebas que la incriminaban en los plagios.
“Salió de prisión por determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las pruebas consistentes en videos filmadas al margen de una investigación son ilícitas”, recordó.
Destacó que en el caso de Daphne, actores políticos, sociales e incluso los involucrados lo acusan de una demora en la investigación y cuestionan por qué si existen confesiones grabadas en video no se ha procedido.
“Dicen que está todo prácticamente facilito para que estas personas estén encarceladas, pero la muy dolorosa versión que da el padre es totalmente opuesta a lo que declaran los jóvenes”, reveló.
Indicó que como los videos no pueden tomarse como prueba, entonces la Fiscalía debe de allegarse otros elementos de prueba pues de lo contrario no tienen ninguna validez jurídica.
“La presión mediática nunca debe estar para el fiscal por encima de la presión constitucional que es la que me obliga (a no utilizarlos) y lo que hacemos es velar porque la culminación a la que lleguen sea sólida”, dijo.
Manifestó que la labor de la Fiscalía es llegar a determinar cual fue la verdad y están en ese proceso pero deben “hacerlo con validez jurídica”.