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Los titulares del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Belchez, comparecerán ante las Comisiones de Turismo y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el 17 de marzo próximo, para explicar la devastación de 22 hectáreas de lotes privados y públicos en el polígono de “Malecón Tajamar”, ubicado en Cancún.
La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ivanova Pool, explicó que, derivado del punto de acuerdo presentado el nueve de febrero pasado y, ante la presión social por el “ecocidio en Tajamar”, la Junta de Coordinación Política (Jucupo) acordó llamar a los funcionarios federales para explicar detalladamente el proceso de autorización y renovación de los permisos expedidos al Fonatur, así como el desmonte de manglares, la muerte de fauna silvestre y los incumplimientos a las condicionantes a los permisos otorgados.
Si bien la legisladora celebró que las ocho fracciones parlamentarias representadas en la Jucopo, respaldasen la solicitud de citar a los funcionarios públicos involucrados, lamentó que no se aceptase que la comparecencia fuera ante el pleno del Congreso y que se dejara fuera al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán.
Ivanova Pool subrayó que todas las irregularidades parten de los permisos emitidos por dicha dependencia, desde julio del 2005, pasando por las modificaciones en 2008, las actualizaciones en 2009 y los recientes cambios –el pasado 12 de enero- al Resolutivo que autorizó originalmente el proyecto, consistente en la urbanización, lotificación y desmonte de más de 70 hectáreas para la construir plazas comerciales, residencias, oficinas, una Basílica y un hotel.
Uno de los cambios más graves al Resolutivo original, fue el del 12 de enero pasado, cuatro días antes del desmonte de 22 hectáreas, realizado los días 16 y 17 de enero.
El Fonatur solicitó al gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Paul Carrillo, el permiso de chapeo y desmonte de poco más de 18 mil metros cuadrados de los lotes privados, incluidas las 5.4 hectáreas de los predios donados –con base en la Ley de Fraccionamientos- por el propio Fondo al ayuntamiento de Benito Juárez, desde 2007.
La Semarnat notificó a su vez, al ayuntamiento, que dejaba sin efecto las obligaciones del Fonatur para presentar –a nombre de los particulares a los que les vendió los terrenos- los anteproyectos a desarrollar en el polígono, de acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de “Malecón Cancún”.
La presentación de los ante proyectos se estableció en un documento oficial de abril del 2008 y excenta a los particulares a presentar Manifestaciones de Impacto Ambiental individuales, en el entendido de que existe ya la autorización expedida al Fonatur, para el desarrollo del proyecto “Malecón Cancún”, una suerte de plan Maestro.
Los desarrolladores, amparados por ese resolutivo y por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitido en 2006, sólo requerían presentar un ante proyecto al Fonatur, obtener su aval y luego conseguir el visto bueno de la Semarnat.
Hubo varios proyectos que la Semarnat aprobó bajo ese esquema. Sin embargo, con el cambio de administración el criterio cambió y la dependencia comenzó a exigir Manifestaciones de Impacto Ambiental individuales y a negarles la autorización correspondiente, basados en el artículo 60 TER que protege a los manglares mexicanos.
Fue hasta el 12 de enero, cuando la Semarnat comunicó al gobierno municipal que dejaba sin efecto el tema de los subproyectos. Una semana después del desmonte de vegetación, el procurador Haro Belchez, en conferencia de prensa, declaró –sin mencionar la existencia de ese oficio y de esa nueva y reciente modificación- que los particulares tendrían que presentar estudios de impacto ambiental individuales y que sus proyectos serían evaluados bajo el marco legal actual.
"Estaremos pendientes y vigilantes de lo que acontece en Tajamar y en otros puntos de Cancún, donde se han otorgado permisos de construcción y cambios de uso de suelo que dañan el medio ambiente", advirtió la diputada federal, quien se dijo a favor del desarrollo sustentable y a la certeza jurídica, pero sin comprometer el cumplimiento de la ley.
jram
