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El guisado de carne de res con nopales asados y la olla de frijoles al lado de la estufa forman parte del menú del día. Los olores a comida se confunden con el tufo a insecticida que busca, sin éxito, eliminar al enjambre de mosquitos que se da un festín con los nuevos inquilinos.
Es la hora de la comida y aunque es poca el hambre, los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca intentan alimentar el cuerpo, porque el espíritu lo tienen dañado.
Suman 53 días en su ‘nuevo hogar’; las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de Tierra Blanca, municipio en el que perdieron a cinco de sus familiares a manos de agentes de la policía estatal que los entregaron a un grupo delictivo y —según la versión oficial— les dieron muerte.
A diario, cerca de 15 familiares de los muchachos, todos originarios de Playa Vicente, duermen en los patios de la agencia ministerial con la esperanza de encontrar justicia por la desaparición de Bernardo Benítez, de 25 años; José Benítez, de 24; Mario Arturo Orozco, de 27; Alfredo González, de 25, y de Susana Tapia, de 16.
“Seguiremos aquí hasta que se esclarezca todo y además dar con los criminales y con los actores intelectuales, porque debemos de recordar que hay jefes, varios jefes, porque aquí han sucedido muchas desgracias y queremos que esta sea la última que suceda”, afirma don Bernardo Benítez, el vocero y rostro de la tragedia.
Por lo regular, tres familiares por cada joven se quedan a dormir en el lugar en espera de noticias; cada 24 horas hacen “cambio de guardia”.
El hombre que encara a los medios de comunicación no se explica cómo los ocho policías, entre ellos un jefe de alto rango, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, estuvieron desde 2012 trabajando sin aprobar los exámenes de confianza.
No dejan la lucha. Don José Benítez, hermano del vocero, se queja de los mosquitos que los atacan a pesar de que de vez en cuando fumigan con una bomba de mochila.
Están agotados físicamente, pero decididos a no abandonar la lucha por los suyos. No importa que acudan a casas de los vecinos altruistas a darse regaderazos para despertar un poco de la tragedia.
Hace un par de días el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría se Gobernación (Segob), Roberto Campa, les dio avances de las investigaciones y detalles de la declaración del octavo policía estatal detenido.
Les relataron que a sus hijos los detuvieron por sospechosos, los interrogaron, mataron, quemaron y sus cuerpos los trituraron en un molino de caña de azúcar para arrojarlos en el río que atraviesa el rancho El Limón.
Algunos padres no quisieron escuchar el relato y abandonaron el encuentro. “Es lacerante para nosotros escuchar eso”, explica Bernardo y aclara que no están “satisfechos” con los resultados de las indagatorias.
Rodeado de colchonetas y cobertores en los que pasan las noches calurosas de esta región veracruzana, aclara que esperarán a tener más pruebas físicas de la muerte de los suyos para aceptar la realidad.
“¡Pues sí!, lo vamos aceptar [la muerte de los muchachos] el día en que se pueda probar con la verdad, no con dichos, con dichos no aceptamos, aceptamos con pruebas fehacientes, a partir de ahí sí aceptamos”, insiste.
Los peritos argentinos que se ofrecieron a ayudarlos, relata, se comprometieron a entregar resultados de los pequeños restos encontrados en el rancho El Limón y que presuntamente son de dos de los cinco jóvenes. Esperarán a contar con esa información para definir el siguiente paso.
En medio de su dolor, Bernardo lamenta que haya tantas personas que tienen familiares de desaparecidos y que pocas autoridades les ayuden.
