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Por calles y avenidas de este puerto marcharon decenas de personas convocadas por la familia de Daphne, presuntamente violada hace más de un año por cuatro jóvenes que residen en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.
La manifestación, encabezada por María Elena Bretón de la Cruz, abuela de la víctima, partió del asta bandera rumbo al zócalo de la ciudad porteña para exigir justicia por el presunto ataque sexual ocurrido en enero de 2015 y denunciado en mayo de ese año.
Los participantes portaron cartulinas con mensajes como “la corrupción y la impunidad destruyen a la sociedad”.
Bretón de la Cruz no descartó que se recurra a organizaciones internacionales de derechos humanos para darles a conocer el caso de su nieta y solicitar su intervención.
El padre de la joven, Javier Fernández Gómez, justificó que haya presentado la denuncia de lo ocurrido cuatro meses después debido a una promesa que le hizo a su hija.
“Entre enero y mayo, que es el tiempo que pasa para que yo ponga la denuncia, hay una serie de emociones, sentimientos, dudas, miedos, culpas, vergüenzas y le hice a mi hija una promesa de que no iba a denunciar ni hacer daño a los muchachos”.
Dijo que a raíz de que hizo público el caso y dio a conocer videos de los cuatro jóvenes ofreciendo disculpas, su hija ha sido “revictimizada”. Y criticó que no haya castigo para los muchachos conocidos en redes sociales como Los Porkys de Costa de Oro.
Videos no son prueba legal: fiscal. Los videos difundidos de cuatro jóvenes donde ofrecen disculpas por una supuesta violación a una menor de edad en el puerto de Veracruz, no son pruebas que legalmente puedan ser tomadas en cuenta en la investigación, aclaró el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
“Es mentira que haya opacidad, dilación, se está haciendo una investigación seria”, explicó.
Dijo que los videos no son una confesión ni prueba de la comisión de un delito, pues ni siquiera se habla de la causa de las disculpas.
Calificó de “irresponsables” a quienes han exigido la consignación de los cuatro jóvenes investigados. Y opinó que hay intereses de terceros para sacar provecho de la situación.
“Lo más fácil para la fiscalía es asumir una postura cobarde e irresponsablemente y turnar el expediente como está a un juez, pero esto afectaría únicamente a la víctima”, agregó.
