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Demanda PRD cambiar estrategia contra inseguridad

Ángel Ávila dice que Guerrero es un estado sin ley; culpa a gobierno federal y estatal

El gobernador Héctor Astudillo está rebasado, ya que a pesar del despliegue de seguridad la violencia se agudiza, asegura Ángel Ávila (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
28/03/2016 |00:22
Redacción El Universal
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El PRD exigió a los gobiernos federal y estatal cambiar la estrategia contra la inseguridad en Guerrero, ya que aun con la presencia de elementos de los dos órdenes el crimen “está descontrolado” en “un estado sin ley”.

El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, aseguró que el gobernador Héctor Astudillo está rebasado y la muestra es que, pese al despliegue de mil 754 elementos de la Secretaría de la Defensa, 500 de la Marina y 300 policías turísticos en las playas, la violencia se ha agudizado.

“Desde que asumió la gubernatura del estado [Astudillo] el saldo en Acapulco es de sangre, no sólo se ha visto afectado ese municipio sino el resto de la entidad”, aseguró al deslindar a la autoridad municipal de ese puerto, Evodio Velázquez, del PRD.

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Los responsables de la seguridad en Guerrero son el gobierno federal y el estatal, ya que son quienes tienen los elementos y los recursos para poder enfrentar el poder del crimen organizado, “pero si al presidente y al gobernador no les interesa rescatar al municipio seguirá en manos de los delincuentes”, planteó.

‎Por eso “el gobierno federal tiene que reconocer públicamente que están errando en la estrategia”, pues los operativos aplicados por la Secretaría de Gobernación, de Marina y la Policía Federal no han servido, dijo.

Advirtió que la entidad está en manos de los criminales y se pronunció por acciones inmediatas, como la remoción del fiscal Xavier Olea Peláez y del secretario de Seguridad guerrerense, Pedro Almazán.

“Es un estado sin ley y los ciudadanos merecen vivir en calma, en paz, y si el gobernador no toma decisiones importantes pareciera que no le interesa la seguridad”, indicó.

Urgió a las rectificaciones para rescatar a la ciudadanía “de las garras del crimen organizado” y que los encargados de seguridad y procuración de justicia rindan cuentas, sean citados a comparecer y a explicar por qué la estrategia de seguridad no ha beneficiado a la ciudadanía.