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Al tratar de liberar el acceso al Balneario Ojo de Agua para permitir la salida de 10 vehículos de turistas, siete integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), y miembros activos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fueron atacados a pedradas y heridos de gravedad por un grupo vinculado al PRI, denunció la REMA este sábado.
Según la organización, el ataque fue realizado “por un grupo personas lideradas por Carlos Guzmán Teodoro vinculado al PRI en Colima y quien además es apoyado por el gobierno de Salomón Salazar del Municipio de Comala, así como por Ignacio Peralta, gobernador del estado”.
Los heridos son Teresa Sandoval Guzmán, de 55 años; Paula Alonso Máximo, de 69 años; Teresa Aranda Casimiro, de 50 años; Hilario León Aranda, de 70 años; Guadalupe Laureano Aranda, de 40 años y J. Isabel Martínez Quirino, de 77 años.
La organización explicó que después de que la Comunidad Indígena de Zacualpan celebró una Asamblea de Comuneros y determinó realizar arreglos al Balneario Ojo de Agua para estar en condiciones de recibir turistas y recaudar recursos para la propia comunidad, algunos de ellos se dirigieron al centro turístico.
Ahí encontraron que un “grupo de priístas, también vinculados al comisariado municipal, Daniel Aranda, bloquearon el camino que conduce al Ojo de Agua impidiendo la salida de diez automóviles de turistas y cuando miembros del Consejo Indígena decidieron intervenir para que los turistas pudieran abandonar el lugar, fueron recibidos por una violenta lluvia de piedras, lo que causó las graves lesiones que lastimaron principalmente a indígenas de la tercera edad”.
La confrontación se da después de que un grupo de la comunidad, encabezado por Carlos Guzmán y al que también pertenece Daniel Aranda, perdió el control del balneario y “ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del sitio que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014, bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la Comunidad Indígena de Zacualpan”, indicó la REMA en un comunicado.
Además, recordó la organización, el incidente también ocurre después de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, acusada en varias ocasiones por el CIDTZ de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la comunidad de Zacualpan.
“Por todo lo anterior, exigimos la inmediata intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, en el uso de sus facultades, intervengan para detener de manera definitiva la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de nuestra red en el Estado de Colima”, puntualizó la REMA.
A las autoridades locales exigieron se investiguen el reciente ataque a sus compañeros y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.
En tanto, tras el altercado, el gobierno de Colima emitió un comunicado donde asegura que a pesar de mantener presencia policial en la zona del balneario, permanece al margen de la disputa por la administración del lugar y confía en que los grupos en disputa pronto lleguen a un acuerdo.
“En todo momento, el Ejecutivo estatal ha dispuesto elementos de las distintas corporaciones, así como personal ministerial que permanece en el lugar para atender cualquier contingencia en caso de ser necesario, pero siempre bajo una postura neutral y alejada al origen del problema”, señaló el gobierno de Colima.
Respecto al ataque ocurrido este viernes, la administración estatal indicó que sólo cinco personas resultaron lesionadas y fueron atendidas de inmediato.
“La Secretarías de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, informamos que tras la presencia policial logró disuadirse la situación de confrontación, volviendo la calma y restableciéndose la tranquilidad”, señala el comunicado.
